Por: Lizbeth Padilla y Eréndira Aquino | Animal Político
Rolando tenía 30 años, era ingeniero en sistemas computacionales y estaba sano, sin ninguna enfermedad crónica. También era el sustento de su esposa y dos hijos, quienes desde su muerte el 11 de junio por COVID buscan opciones para obtener ingresos y salir adelante.
La empresa donde trabajaba Rolando no le dio a su viuda más que un finiquito y la hizo firmar un acta donde no catalogan la muerte como riesgo de trabajo. También le jugaron mal con su inscripción al IMSS, pues no cotizaba lo correspondiente a su sueldo, sino el salario mínimo, así que la pensión que recibirá su esposa será mucho menor a la que le correspondería por el ingreso real que él tenía.
Como la de Rolando, muchas familias en México han perdido a quien era su sustento, o uno de ellos, por COVID-19. El 42.42% de los fallecidos – hasta el 25 de julio – tenía entre 18 y 59 años, estaban en plena edad productiva, según un análisis de la base de datos de la Secretaría de Salud federal.
El 29.05% eran hombres y el 13.37% mujeres que como padres, madres, hijos y hermanos trabajaban y aportaban recursos a sus familias.
Si bien en México los adultos mayores representan el mayor porcentaje de muertos por el virus: 57.23%, superan al sector más joven de la sociedad solo por 14%. En España, de acuerdo con el diario El País, el 86% de los casi 30,000 muertos que dejó el virus tenía más de 70 años.
Enrique Carrillo de 55 años era agente de seguros, pero él mismo no contaba con un seguro de vida, ni seguridad social pues trabajaba por honorarios. Su familia lo ingresó al IMSS, fue atendido pero al no ser derechohabiente no obtendrá una pensión.
No supieron cómo se contagió, pues se dedicaba a hacer arreglos en su casa y salía solo al mercado a hacer compras. La última vez que Juan Carlos vio a su padre fue mientras preparaban el traslado de una clínica al hospital regional del Seguro Social. Ahí Enrique empeoró y tuvieron que intubarlo, así estuvo tres días hasta su muerte el 4 de junio.
En el hospital les dijeron que Enrique tenía diabetes, la comorbilidad más registrada entre los fallecidos; hasta el 25 de julio 3,834 hombres de entre 18 y 59 años que han muerto la padecían.
Luego vino la búsqueda de un crematorio que recibiera su cuerpo. Todos tenían listas de espera hasta de 4 días. En el panteón privado Jardines del Recuerdo pudieron realizarlo el mismo día.
La empresa no dio ningún apoyo funerario o para la familia tras la muerte de Enrique por COVID. Su madre se quedó sola y ahora él y sus dos hermanos se hacen cargo de ella. “Negocios son negocios pero no hubo un apoyo de la empresa. Él trabajó en AXA seguros y en SURA, entonces pues no, no hubo apoyo en ese sentido”, cuenta su hijo Juan Carlos.
Lo único que la empresa les dio fue la cartera de clientes que tenía su padre para que ellos la administraran.
Luis F. Fernández, director ejecutivo de la organización Nosotrxs, explica que no todas las personas en México cuentan con un empleo con seguridad social que les garantice a ellos atención médica de contraer el virus y, si fallecen, dejar a sus familias una pensión.
De acuerdo con la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), del INEGI, en abril se perdieron 2.1 millones de empleos formales y 10.4 millones de informales.
“Quiero que imaginemos esas 12.5 millones de personas que no tienen ingresos suficientes para poder alimentar a sus familias, primero no logran satisfacer necesidades básicas propias y por lo tanto tampoco las de sus familias”, añade.
Los trabajadores informales y sin seguridad social – como era el caso de Rolando – “no tiene posibilidad de acceder a una pensión o algún recurso adicional si mueren y por tanto sus familias se quedan desprotegidas si de ellos dependía el ingreso familiar”, dice Fernández.
De acuerdo con la encuesta sobre COVID y el mercado laboral (ECOVID-ML) el 30.4% de las 25.6 millones de viviendas registradas, al menos un integrante de la familia perdió su trabajo por la pandemia del COVID-19
También se reveló que en el 65% de las viviendas los ingresos disminuyeron, lo que equivale a 1 de cada 3 hogares.
“Esta situación va a generar contingencias relevantes en las familias en las que estas personas eran el sostén. Ahora hay más proveedores en las familias, sin embargo esto no resuelve, es menor la dependencia pero hay dependencia”, explica Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
La familia de Francisco y Claudia también sintió el golpe del COVID. Él tenía 43 años, era terapeuta. Tenía su propio consultorio para dar masajes y estaba especializándose en fisioterapia. Le gustaba trabajar por su cuenta, por eso montó su consultorio.
“Empezó con gripa, él pensó que era una gripa común, y pues después empezó a sentirse más mal, y tras 9 días empeoró. Cuando yo vi que no podía respirar bien fue que lo llevé al hospital. Y pues ahí pasaron solo 2 días hasta que falleció, el martes 2 de junio”, recuerda su esposa Claudia.
Ella no tuvo ninguna ayuda más que de sus familiares y compañeros de trabajo. No habrá pensión del IMSS. Ella sigue trabajando para mantener a su hijo de 12 años.
“Yo sigo con mi trabajo, pero ahora yo me tengo que hacer cargo de cosas de las que él se encargaba y ahora las cosas cambiaron muchísimo para mí y pues estamos tratando de poco a poco sobrellevarlo, de ir sanando poco a poco porque es muy difícil”, dice Claudia.
La pobreza que dejará el COVID
La muerte de personas en edad productiva provoca el empobrecimiento de las familias y además afecta a todos pues impacta en la recuperación del país.
“La recuperación económica va a ser mucho más lenta porque implica que la siguiente generación que va a entrar a la fuerza laboral pues va a tardar unos años más en generar recursos, en tener más capacidades y en ser más productivos para el país. Tardaríamos más en recuperarnos de la crisis si la población económicamente activa es la que está muriendo y la que está en mayor riesgo ahorita”, explica Luis F. Fernández.
Esta recuperación va a tardar más de un año, estima Mariana Campos de México Evalúa.
“Lo más seguro es que en 2021 veamos un crecimiento positivo, algunos analista estiman un 3%, sin embargo un 3% después de una caída de un 9 o 10% es muy poco, significa que el próximo año no vamos a lograr el nivel previo a la pandemia, vamos a seguir en niveles inferiores”, dice Campos.
Celia tenía 70 años y era ama de casa. Empezó con síntomas de lo que parecía ser una gripe, así que fue al médico y le recetó antibióticos. Cuando empeoró el médico les dijo que tenían que hospitalizarla.
Su hija Esmeralda la ingresó en un hospital privado. Estaba contenta porque la veía mejorar, pero le preocupaba que cada día de hospitalización le costaba más de 50 mil pesos. En ese momento contaba con dinero porque había vendido un departamento con el plan de comprar uno mejor.
“Lo que me preocupaba era que si no daban de alta a mi mamá la iba a tener que trasladar a un hospital público, y así fue”, cuenta Esmeralda. Cuando los médicos del privado le dijeron que Celia necesitaría terapia intensiva por una falla en su corazón, su hija ya no tenía dinero, así que la trasladaron a un hospital del IMSS.
La última vez que la vio fue mientras la subían a la ambulancia para el cambio de hospital. Luego le dijeron que su madre había empeorado, que debían intubarla. Dos días después Celia murió.
“Gastamos cerca de un millón de pesos en el hospital privado. Yo tenía el dinero del departamento, y mi mamá, cuando falleció mi papá, nos repartió dinero que él nos había dejado”, explica.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) prevé que la crisis generada por el COVID provocaría que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleve a encontrarse en alguna de estas condiciones.
“Con la ayuda de mis tíos y ese dinero pudimos llevar esta situación sin endeudarnos, pero mi herencia desapareció… pero eso ya no importa”, añade Esmeralda.
Pero para millones de mexicanos los efectos de la pandemia serán preocupantes. Según estimaciones de Coneval, el total de personas en situación de pobreza por ingresos podría incrementarse entre 7.2 y 7.9%, es decir, entre 8.9 y 9.8 millones de personas.
El número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos (personas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria) se incrementaría entre 4.9 y 8.5%, es decir, entre 6.1 y 10.7 millones de personas.
En cuanto a la pobreza laboral (población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral), se estima un aumento del 37.3 al 45.8% en los primeros dos trimestres de 2020.
Nydia se quedó sin su compañero de vida, su “centro”: David, de 38 años, murió de COVID en mayo pasado. Ambos trabajaban para sostener a sus dos hijos: él como ingeniero y ella como empleada administrativa en una cadena de zapatos.
David ingresó al IMSS el 7 abril por un padecimiento llamado rabdomiliosis, que es la ruptura de los tejidos musculares que libera una proteína tóxica en la sangre. Esto provocó daño en sus riñones. Días después comenzó con síntomas de COVID. David estuvo intubado tres semanas hasta su muerte en mayo.
“David brillaba”, dice ella de su marido con quien estuvo casada 10 años, era tan querido en su trabajo que sus compañeros hicieron una colecta para ayudarle con un poco de dinero.
“Problemas en cuestiones económicas no me dejó, pero la pensión no es ni el 50% de lo que ganaba, obviamente si va afectar mi estilo de vida, pero sé que vamos a sobrevivir, de una manera u otra vamos a estar bien”, dice Nydia quien en las últimas semanas ha realizado los trámites para obtener la pensión del IMSS y el seguro de vida del trabajo y su finiquito.
Nydia y Esmeralda no se vieron tan desprotegidas como la familia de Rolando que no obtendrá siquiera la pensión que le correspondía por el sueldo del joven. “No se manejó ningún tipo de compensación, la empresa nunca mencionó alguna indemnización”, dice su hermano Orlando.
“La cantidad de familias que no logran tener acceso a alimentación básica ya me parece grave, no tener acceso a servicios de salud ni alimentación, doblemente grave, morir y dejar a las familias abandonadas me parece una desatención del Estado mexicano”, señala el director ejecutivo de Nosotrxs.
Daniel y su madre venden tacos de canasta. Cuando el dinero empezó a escasear, Daniel tuvo que dejar de estudiar. “Estoy muy desanimado, siento que no hay nada que hacer, mi futuro lo veo incierto. Estudiaba para conseguir un buen trabajo, ahora no veo cómo”, dice. “Dejé la universidad, no me dieron descuento y era mucho dinero por clases ‘online’”, explica el joven.
Mariana Campos de México Evalúa explica que la pérdida de empleos de los proveedores de recursos en las familias “va a generar, por ejemplo, que algunos niños tengan que salir de la escuela para trabajar y eso es agotar una fuente de riqueza, pues la principal fuente de riqueza en las personas es la educación.
“Y eso les permite en el futuro tener un ingreso, sin los niños el día de hoy por esas desgracias, de perder a un progenitor o a un proveedor, tienen que abandonar los estudios, esto va a disminuir sus ingresos el resto de su vida. Y es posible que incluso algunas familias caigan en pobreza”, explica Campos.
Las alternativas más allá de los créditos
Este lunes 10 de agosto, la Secretaría de Economía (SE) informó que ha entregado 891 mil 859 microcréditos de 25 mil pesos a pequeñas empresas como ayuda ante la pandemia de COVID. En total se han entregado 22 mil 496 millones de pesos.
Pero a decir de los especialistas de Nosotrxs y México Evalúa la entrega de créditos no es la solución.
Luis F. Fernández considera que dar créditos para sobrellevar la crisis es “grave” pues el Estado está pidiendo a las personas que se endeuden para salir del apuro económico.
Sacar dinero de la cuenta de Ahorro para el Retiro tampoco es una opción pues transmite riesgo a las personas.
Otra solución han sido los seguros de desempleo que da la Ciudad de México, pero éste es limitado en recursos y alcance.
“Es indispensable tener una protección desde el Estado en momentos de emergencia o de crisis para poder satisfacer necesidades básicas. Un ingreso vital de emergencia es una transferencia monetaria no condicionada, temporal, durante el tiempo de la crisis para esas personas que están en riesgo”, explica Fernández.
Con esto se asegura que las personas afectadas tendrán acceso a alimentación y servicios básicos. Este ingreso sería un pago mensual de 3,700 pesos por tres meses para los 12.5 millones de personas que perdieron su empleo por la pandemia.
Esta cantidad les permitiría adquirir la canasta básica alimentaria, que cuesta 1,615 pesos, por persona para un mes y tener un poco más de recursos.
Para dotar de este apoyo, el gobierno necesitaría una bolsa de unos 150 mil millones de pesos. El director de Nosotrxs señala que se podrían obtener a través de préstamos de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial; frenar los megaproyectos del gobierno y tomar recursos de ahí o de los ahorros y ajustes que ha ordenado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la administración pública.
Por ahora la iniciativa para crear este ingreso vital de emergencia se mantiene en discusión en una comisión del Senado, aunque no entró al periodo extraordinario del Congreso.
“La decisión sí está en el presidente de la República y si el presidente no lo acepta desde el Ejecutivo tiene dos escenarios: o que se lo imponga el legislativo, a través de una legislación pero lo veo difícil con la mayoría que logra en el Congreso o lo acepta el Ejecutivo como una medida necesaria”, dice Luis F. Fernández.
Mariana Campos concuerda con que la entrega de créditos no lo es todo. Señala que lo ideal sería que el gobierno federal impulse una política fiscal para prevenir el desempleo y que para aquellos que pierdan su trabajo haya un seguro de desempleo nacional.
Otra forma de apoyo sería que el gobierno subsidiara la nómina de algunas empresas para que éstas se comprometan a no despedir gente.
La recuperación económica parece lejana, sentencia la especialista de México Evalúa.
Explica que aún no hay “un control sobre la epidemia, eso genera incertidumbre económica de que podamos caer en una fase más profunda de recesión más adelante, creo que estamos lejos de tener la situación controlada en el ámbito de salud y en el ámbito económico”.
