TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Una vez que el pequeño Dylan Esaú fue liberado tras haber sido raptado hace 45 días, la Colectiva Cereza exigió la liberación de las tres mujeres acusadas inicialmente del secuestro en San Cristóbal de las Casas.
La Colectiva Cereza exigió la liberación de Josefa Sánchez Gómez, presa en la sección femenil del penal de San Cristóbal de las Casas, así como la de María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González, recluidas en el penal femenil de El Amate, en Cintalapa.
Además, la devolución de los 23 niños que les fueron arrebatados, todos ellos sus hijos y sobrinos.
También exigieron justicia por la muerte de Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, esposo de Josefa, padre de María Hortensia y suegro de Maribel y Juana, quien falleció en el penal del San Cristóbal de Las Casas en circunstancias aún no esclarecidas.
Adolfo Gómez Gómez fue detenido el 15 de julio en el centro de San Cristóbal de las Casas por elementos de la Fiscalía General del Estado, acusado de estar vinculado al plagio de Dylan Esaú, de 2 años de edad, raptado el 30 de junio en el mercado público donde su madre vendía frutas y verduras.
Tras la captura de Adolfo, los agentes llegaron hasta su domicilio, donde vivía con su esposa, su hija y su yerno, sus dos nueras y sus dos hijos varones.
Como su yerno y sus dos hijos trabajaban fuera, no fueron capturados, pero la Fiscalía se llevó primero a Adolfo y Josefa, y dos días después llegaron por María Hortensia, Maribel y Juana.
Mientras Adolfo y su esposa Josefa fueron llevados al penal de San Cristóbal, las otras tres mujeres jóvenes fueron llevadas al penal de El Amate, en San Cristóbal de las Casas. Y los 23 niños que vivía en el mismo domicilio con sus madres, tías y sus abuelos, fueron trasladados a Tuxtla al albergue del DIF estatal.
Adolfo murió en el penal. Aunque la Fiscalía dijo que fue por un presunto suicidio por ahorcamiento, su cuerpo tenía graves evidencias de que fue torturado.
Hoy, la Colectiva Cereza, quien aboga por las mujeres presas, dijo que la FGE cometió un atropello flagrante y violentó los derechos humanos de las mujeres acusadas de presunta trata de menores.
Dijo que a las mujeres les violaron el debido proceso y que están encarceladas de manera injusta, que fueron incomunicadas y que fueron víctimas de tortura psicológica para auto incriminarse de un delito que nunca cometieron.
La Colectiva Cereza denunció que la FGE y el juez de control no tomaron en cuenta las condiciones de vida de las familias indígenas, que viven en algunas ocasiones en hacinamiento cuando han abandonado el campo para migrar y trabajar en la ciudad, y que no hay explotación laboral, sino que los pequeños desde niños acompañan a sus padres a trabajar, sobre todo en este contexto de pandemia cuando no hay clases.
Adolfo, su yerno y sus dos hijos con quienes compartían el mismo domicilio, eran vendedores de collares de ámbar y otras artesanías en las calles del centro de San Cristóbal de las Casas, algunas veces los acompañaban los niños para no quedarse en casa.
Sin embargo, esto fue tomado por la FGE explotación laboral infantil y anunció haber desmantelado una supuesta red de trata de menores.
“Dylan Esaú ya apareció, don Adolfo está muerto por presuntos actos de tortura y las mujeres siguen presas. Ellos nunca nada tuvieron que ver con el rapto y desaparición del niño”, dijo una de las voceras de la Colectiva Cereza, una organización defensora de los derechos de las mujeres presas con sede en San Cristóbal de las Casas.
