Ante las nuevas disposiciones sanitarias en contra de los alimentos procesados altos en azúcares y grasas, la industria alimentaria debería modificar su modelo de negocios para ofrecer a los consumidores productos que no afecten sus salud, estimó un experto en la materia.
Luego de que fue aprobado el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas altos para alertar sobre sus ingredientes dañinos a la salud; así como la prohibición de venta y distribución de productos chatarra a menores de edad en Oaxaca, diversas cámaras empresariales expresaron su descontento, puesto que esto entorpecería sus ganancias y la reactivación económica.
En contraparte, autoridades sanitarias de diversos niveles se han pronunciado en favor de estas medidas, puesto que una gran parte de los mexicanos tiene obesidad, diabetes y comorbilidades, lo cual los convirtió en personas vulnerables ante la pandemia de Covid-19.
Ante ese escenario, el economista de la UNAM, Darío Ibarra Zavala, externó que algunas empresas ya comenzaron a implementar el nuevo etiquetado, lo cual significa que sí se puede; aunque también tendrán que comenzar a modificar el tipo de productos que comercializan.
En entrevista para Forbes México señaló que posiblemente tendrá que usar insumos más caros, pero que serán más amistosos con el cuerpo humano, y por ende, más saludables.
“Es posible que pierdan (ganancias las empresas), pero lo que tendrían que hacer es utilizar productos más caros pero que sean más saludables”, indicó.
Añadió que la industria tiene que ofrecer una nueva gama de productos más saludables, sin embargo ello podría tomar un año o más.
Acotó que estas medidas sanitarias restrictivas son necesarias para atender la salud pública del país; además que habrá sectores de la economía que ganarán y otros que perderán.
Relató que el nuevo etiquetado podría impulsar que las personas dejen de consumir en las grandes cadenas y compren en los pequeños comercios.
Aceptó que hacer un cambio de negocios para este sector empresarial será un proceso lento, sobre todo si se tiene una línea de producción programada, por lo que se debería de dar tolerancia en la implementación de las nuevas normas, pero se tiene que generar un esquema en ese ámbito.
En el caso del etiquetado frontal, el gobierno federal aplazó hasta diciembre de este año su aplicación, el cual estaba programado para entrar en vigor el 1 de octubre.
El especialista en microeconomía aseveró que la industria privada debería comprometerse a ser transparente con lo que le vende al consumidor, con la misma exigencia que las empresas le piden al gobierno que sea claro en la forma en que se gasta los impuestos.
Algunas cámaras empresariales señalaron que este tipo de lineamientos excluye al sector informal, donde también se venden productos dañinos para salud, en lo cual coincidió Ibarra Zavala, por lo que sugirió en hacer campañas para invitar a población a que no consuma estos alimentos.
“Hay campañas públicas que puedan funcionar e incentivar que el sector informal entre al aro. El sector informal es poco probable de regular, lo que se puede hacer es la campaña para que la gente deje de consumir estos productos perjudiciales para la salud”.
También aceptó que los comercios informales son una competencia desleal para quienes están en la norma, porque no son obligados a cumplir con los etiquetados, no hacen contribuciones fiscales y los artículos que ofrecen pueden ser de baja calidad.
Insistió en que este tipo de controversias se tienen que mirar desde la óptica de la salud pública, puesto que no sólo se trata de la baja en las ganancias de las empresas, sino del impacto en la condición de los trabajadores.
“Podríamos estar perdiendo más cuando tengamos que gastar en salud, eso genera una pérdida en productividad del factor trabajo, un incremento en el gasto de medicamentos, y esto (las ganancias de las ventas) se lo queda el sector privado”.
