Un juez federal dio este lunes de plazo al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el 11 de agosto para que informe qué medidas ha tomado para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo que mantuvo en vigencia el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650 mil jóvenes que llegaron al país como indocumentados.
La decisión del Tribunal Supremo obliga al gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.
Hasta hoy, la administración Trump sostiene que ni ha otorgado ni ha rechazado alguno de esos trámites.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional “recibe las solicitudes, estas no serán aceptadas ni rechazadas, sino que se mantendrán a la espera de una consideración política que está teniendo lugar”, afirmó el viernes Stephen Pezzi, un abogado del Departamento de Justicia.
El juez federal John Bates, del Distrito de Columbia, ordenó hoy que el gobierno informe “qué acciones ha emprendido en respuesta con las órdenes judiciales relacionadas con el programa DACA y que han sido emitidas desde la decisión del Tribunal Supremo”.
A mediados de junio el Tribunal Supremo desechó por “arbitraria y caprichosa” la decisión de Trump en diciembre de 2017 que dio por terminado el programa DACA.
El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno presentara de nuevo su posición sustentándola en argumentos, pero el Gobierno no los ha presentado todavía.
Los trámites pendientes incluyen a unos 650 mil beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos, y también a más de 300 mil nuevos solicitantes, entre los que se cuentan alrededor de 55 mil individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para ampararse en el programa.
El Centro para Progreso Estadounidense (CAP, en inglés) calcula que cualquier decisión sobre DACA afecta a más de 1,1 millón de indocumentados si se cuentan a los familiares de los “soñadores” -como son conocidos los beneficiarios directos- y decenas de miles de niños y niñas, hijos suyos, que han nacido en EE.UU. y son ciudadanos.
El 17 de julio, 33 miembros del Senado enviaron una carta al secretario interino de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, pidiendo que el Gobierno cumpla con la decisión del Tribunal Supremo sobre el DACA y reanude los trámites de extensión de permisos y acepte nuevas solicitudes.
“No hay indicio de que su agencia haya dado paso alguno para restaurar las protecciones del DACA tal como lo requiere, de manera inequívoca, la decisión del Tribunal”, señalaron los senadores. “No hemos encontrado una sola declaración suya o de algún funcionario de DHS notificando al público que su agencia cumple con la decisión del Supremo”.
“Por el contrario, el 19 de junio, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) actualizó su página web afirmando, falsamente, que la decisión del Tribunal Supremo ‘no tiene sustento en la ley’, y atacando a los recipientes del DACA, indicaron los senadores.
