Durante la pandemia Covid-19 en México se han recrudecido las diferencias y desigualdades en el acceso a los derechos humanos y sociales, especialmente para los grupos vulnerables como las mujeres y los niños.
No sólo se han pronunciado las disparidades, también se ha identificado que algunos grupos de la población han sido impactados de manera mucho más fuerte, no sólo en términos económicos sino también sociales. Las mujeres, durante el confinamiento, han experimentado efectos negativos fuera de sus hogares pero aún más dentro de ellos, coincidieron las expertas en materia de género, economía y competitividad durante el 2º foro de Derechos humanos y desarrollo local organizado por The Hunger Proyect México.
El aislamiento social conlleva modificaciones en los horarios laborales, mayoritariamente extendiendo las jornadas de trabajo o dispersándolas sin una especificación fija de las horas de descanso; mientras las actividades del hogar se han mantenido e incluso han incrementado. Los niños y niñas mantienen sus jornadas escolares en línea, lo que también suma horas de trabajo dentro del hogar.
La combinación de todos estos factores que se han presentado de manera emergente y disruptiva con la pandemia, produce que en las mujeres y niñas se recarguen de manera (aún más) desproporcional las tareas domésticas y de cuidados, comentó Indra Rubio, coordinadora de Género en el Instituto Simone de Beauvoir.
Esta situación no sólo violenta directamente los derechos laborales, también profundiza las brechas para acceder a otros derechos como al desarrollo profesional, el derecho a la protección social, a la recreación y entretenimiento, a la salud física y emocional y al trato igualitario, dijo la experta.
La atención y respuesta a la pandemia también debe asegurarse de que las políticas implementadas de orden económico, laboral y social no vulneren el acceso a estos derechos. Es importante aplicar medidas que contengan la propagación del virus y que protejan la salud de la población, sin embargo, es también fundamental considerar políticas alternas que busquen ser complemento para procurar los derechos, especialmente de aquellos grupos que se encuentran en situación de desventaja.
Los niños, niñas y adolescentes conforman otro de los grupos vulnerables, que reciben con mayor fuerza el impacto de la crisis. Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política en Save the Children enfatizó en la necesidad de ampliar en cantidad y calidad las acciones de protección a los derechos infantiles, especialmente a una vida libre de violencia, a la salud y a una alimentación adecuada.
El impacto económico y laboral de la crisis Covid-19 provocó la pérdida de miles de empleos a escala nacional y aún los hogares en donde los integrantes conservaron sus ocupaciones se han registrado caídas en el nivel de ingresos. La especialista en derechos infantiles comentó que gran parte de estos hogares que han experimentado una disminución económica son familias en donde hay niños menores o adolescentes, y que algunos estudios realizados por la academia han mostrado también que se experimentan bajas en la calidad y cantidad de los alimentos en estos hogares mexicanos.
Los efectos en tiempo e ingresos de las familias, especialmente de las mujeres, influyen de manera directa en la seguridad alimentaria, educativa y de salud de los niños, las niñas y los adolescentes. “Hay muchos niños que no sólo no están accediendo al aprendizaje por barreras sociales o tecnológicas, sino que tampoco están recibiendo una alimentación adecuada porque no tienen los apoyos que recibían en sus escuelas”, dijo Ramírez.
La vulnerabilidad en la que se encuentran muchos menores no está siendo atendida por parte de las autoridades, ni federales ni locales, por eso es tan importante conservar el acceso a los derechos humanos y sociales como un eje transversal de las políticas públicas incluso en situaciones de emergencia.
Alternativas para enfrentar la problemática
Las expertas comentaron durante el foro la importancia de implementar acciones y generar conciencia a escala individual y colectiva, pero enfatizaron en la necesidad de que el Estado funja como principal rector e impulsor de políticas. La idea es que además de evitar que las brechas de desigualdad se ensanchen, la crisis pueda plantear alternativas para reducirlas en el mediano y largo plazo.
Indra Rubio planteó la importancia de socializar y rectificar las tareas domésticas y de cuidados. De modo que se pueda “descargar y redistribuir” todo este trabajo que vulnera y violenta los derechos de la mayoría de las mujeres en México, y que además, también afecta de manera indirecta a los niños, niñas y adolescentes.
Además de eso, comentó, la importancia de legislar de manera que el sistema de cuidados no sea sólo un tema privado sino público; que esté enfocado en la población objeto de los cuidados y no en la idea de que las mujeres son quienes tienen que ejercer esos papeles de limpiadora, enfermera, médico o cocinera.
Por su parte, Nancy Ramírez enfatizó en la importancia de que se refuercen los sistemas de apoyos sociales directos, que el monto de estos se incremente en línea con el incremento en el gasto de los hogares derivado de la pandemia. Es importante aumentar la cantidad monetaria que se recibe porque los gastos en servicios son mayores por el confinamiento, porque los ingresos han caído en los hogares y porque los precios también continúan incrementando; además de que quienes son beneficiarios de estos programas en su mayoría son parte de algún grupo vulnerable.
Otra acción fundamental es ampliar la cobertura de estos programas sociales; gran parte de la población no se encontraba en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia pero a consecuencia de ella se han sumado a las filas de los grupos que califican para estos apoyos.
