Durante 2019, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 609 periodistas fueron agredidos y 10 fueron asesinados, lo que representa un crecimiento de casi 100% respecto del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y un aumento de 12% respecto de 2018, de acuerdo con el informe anual de Artículo 19.
Ana Cristina Ruelas, directora de la organización, señaló este martes que, aunque al inicio del sexenio de López Obrador este se comprometió a defender la libertad de expresión, existe “disonancia”, pues hay más voces pero no hay diálogo entre las autoridades y la ciudadanía.
“En 2019, las prácticas para controlar la información desde las élites se reflejaron en el incremento de agresiones contra periodistas, discursos estigmatizantes, discriminación con desinformación o desde las conferencias mañaneras. Hay más voces, pero no diálogo, hay disonancia”, recalcó.
En el informe se señala que, con la llegada del nuevo gobierno, hubo un momento de armonía en su discurso de toma de protesta, cuando el presidente dijo que su administración nunca aplicaría la censura a ningún periodista o medio; sin embargo, esto no se ha reflejado en la relación entre el Ejecutivo y la prensa, ni en una disminución a las agresiones contra comunicadores.
De acuerdo con documento, titulado Disonancia: Voces en disputa, durante 2019 en el espacio digital se documentaron oleadas de agresiones que incluyeron actos de amenaza y acoso desde redes sociales, en particular a mujeres periodistas.
Además, se registraron nuevas amenazas a través de la estigmatización del trabajo periodístico; estas surgieron desde la tribuna presidencial, pues en el intento de ganar la narrativa, “el presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno”.
“Contrario a lo que dijo el gobierno, el derecho a disentir no está garantizado”, advierte Artículo 19.
El informe también apunta los siguientes datos:
- El 15% del total de las agresiones a periodistas en la CDMX está relacionado con la cobertura de las conferencias matutinas del presidente.
- En comparación con el año anterior, en 2019 las agresiones del tipo “uso legítimo del poder público” se duplicaron.
- El número de agresiones contra medios se incrementó casi 100%, principalmente mediante estos ataques: estigmatización por medio de la comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio.
- Cubrir información de corrupción y política es la causa de 56% de las agresiones, a pesar de que el gobierno se comprometió a dejar de ser la mayor amenaza de la libertad de expresión.
- Más de 99.13% de los crímenes contra periodistas sigue sin resolverse: de 1,614 casos en trámite desde la creación de la Fiscalía Especial en 2010, solo se han logrado 14 sentencias, que en su mayoría es contra autores materiales de la agresión, sin lograr vincular los casos con aquellos que dieron la orden de agredir.
- En 2019, la CDMX y Quintana Roo fueron los estados más violentos para la prensa en México. En estas dos entidades se duplicaron las agresiones entre 2018 y 2019.
- Si bien en 2019 el monto erogado en la publicidad oficial descendió de 10,725 millones de pesos en 2018 a 1,550 millones, la concentración del gasto sigue existiendo y aún se desconocen los criterios bajo los cuales 57.26% del total del gasto se repartió solamente entre 15 medios informativos.
- Un 30% del gasto total en publicidad se invirtió en Estudios Azteca (10.87%), Televisa (10.84%) y La Jornada (8.03%).
- El informe apunta también que la conferencia matutina del presidente ha sido más que una mera estrategia de comunicación, pues es también una estrategia de posicionamiento del debate público, perdiendo su sentido informativo.
- Además, según el informe, es casi imposible contrastar la información que López Obrador proporciona con la obtenida a través de solicitudes de información; las conferencias de prensa han contribuido al aumento de solicitudes de información y recursos de revisión hacia la Presidencia.
- En 2019 hubo un incremento de 817% de los recursos de revisión a solicitudes hechas a Presidencia por falta de respuesta, por lo que se puede apuntar que “el gobierno es selectivo y discriminatorio” al transparentar información.
