El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar propuso este lunes que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tenga permitido “medir la concentración de la riqueza” en México.
En su publicación compartida en Twitter, Ramírez Cuéllar compartió un documento titulado “El Bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional”, en donde en casi dos cuartillas y media explica la propuesta.
El diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que reconstruirse. La magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar. pic.twitter.com/WfdtgZrLv7
— Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 18, 2020
“Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance”, se lee en el documento.
La propuesta pide “medir la concentración de la riqueza”, aplicar una “progresividad fiscal”, es decir que paguen más los que más tienen y dar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica.
Resalta el Inegi podrá entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, además que podrá tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera de los ciudadanos.
Además, menciona que la progresividad fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos deben contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del estado de bienestar.
También se destaca que es necesario constituir un consejo fiscal o un organismo que esté midiendo y evaluando permanentemente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado Mexicano.
Finalmente, en el documento se habla sobre dar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para presentar acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiban la competencia en los distintos mercados, debido a que la “concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social”.
