Desde la afirmación de que era un “atropello al voto popular, pasando por la repetida conclusión de que se trataba de un “fraude a la Constitución”, hasta llegar al punto de acusar una “maquinación” y una simulación para burlar la contienda electoral y avalar, de facto, una reelección.
Así se resumen los argumentos, pero también las fueres críticas con las cuales los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron por unanimidad que era inconstitucional la reforma con la cual se pretendía extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
Una hora y media bastó a los ministros de la Corte para exponer las razones por los cuales concluyeron que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California violaba principios básicos de la Constitución, pero también para calificarla de una amenaza y de un artero retroceso democrático.
La posición mas dura fue la del propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien incluso responsabilizó al Poder Legislativo de Baja California de confabularse para “burlar” la voluntad popular y corromper las reglas del sistema electoral.
Los argumentos: triple violación a la Constitución
El proyecto del ministro José Franco González Salas, que fue avalado por sus diez colegas, concluyó que la ampliación del gobierno de Bonilla violaba por lo menos tres principios fundamentales establecidos en el artículo 116 de la Constitución: el de tener certeza de elecciones libres y claras; el derecho de las personas a votar y ser votados, y el de la no reelección.
Ello ya que cuando los bajacalifornianos eligieron a Bonilla como gobernador lo hicieron solo por un periodo de dos años, pues así se había establecido en las reglas de dicha elección en concordancia con una reforma publicada desde 2014. El periodo sería de dos años para empatar la siguiente elección de gobernador con la jornada electoral federal de 2021.
Como se sabe Bonilla ganó la elección y recibió su constancia para ser gobernador del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. Sin embargo, un mes después el Congreso del estado inició un proceso legislativo que culminó con una nueva reforma aprobada y publicada el 17 de octubre, en la que se ampliaba a más del doble el tiempo de Bonilla en el cargo, para fijarlo hasta el 31 de octubre de 2024.
Ampliar el periodo de gobierno hasta por un máximo de seis años o recortarlo no es, por sí mismo, un hecho ilegal como lo explica el proyecto y los ministros. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo hay un procedimiento legal que establece que cualquier cambio a las reglas de una elección debe hacerse al menos 90 días antes de que arranque el proceso.
En el caso de Baja California, el proceso electoral inició en septiembre de 2018, por lo que cualquier cambio a las reglas fundamentales (como ampliar el periodo por el cual se votará en el cargo a una persona) debió aprobarse a más tardar en mayo de ese año.
“Si la modificación de la duración en el cargo no se aprobó 90 días antes del arranque del proceso, mucho menos podía aprobarse después de la elección como ocurrió en Baja California, al pretenderle dar un efecto retroactivo”, dijo la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
Los ministros hicieron hincapié en que la duración en el cargo es uno de los aspectos más importantes en las reglas de una elección y un factor determinante en el sentido del voto de una persona, por lo que no puede tratársele a la ligera ni aun cuando el argumento sea el de la austeridad, como pretendió hacerse en Baja California.
Aunque en apariencia la reforma fue aprobada a través de un proceso legislativo que visto de manera simple parece legal, lo cierto es que dicho procedimiento deriva en modificaciones que “transgreden principios constitucionales”, al tener un efecto retroactivo en una elección convocada y realizada con otras reglas.
La Corte también desechó que tuviera validez la consulta popular realizada el año pasado en Baja California, en la que se preguntó a las personas si querían que el mandato de Bonilla se extendiera. Los ministros dijeron que se trató en el menor de los casos de un ejercicio de “legitimación política”, pero sin validez jurídica alguna.
En síntesis, el proyecto aprobado unánimemente por los once ministros concluye que la llamada Ley Bonilla “viola los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica” al perpetuar en el cargo a una persona por un periodo por el cual no fue votado, impidiendo además que otros puedan ser electos para ese mismo lapso.
Las críticas: fraude electoral y reelección disfrazada
Los ministros de la Corte no solo echaron abajo de forma unánime la intención de Bonilla de mantenerse en el cargo por más del doble del tiempo por el cual fue electo. Además, criticaron duramente el que esto se haya propuesto y aprobado por el Poder Legislativo de Baja California. En ocasiones, las críticas en el máximo tribunal estuvieron acompañadas de fuertes adjetivos.
El posicionamiento más duro fue el del presidente de la Corte Arturo Zaldívar, quien acusó una “maquinación” premeditada para “burlar la voluntad del pueblo” a través de las instituciones democráticas de la entidad.
“Incluso estamos ante un fraude electoral compuesto por múltiples violaciones, cada una de ellas muy grave, pero que en conjunto configuran un fraude a la Constitución, con un efecto corruptor de alcance constitucional, en el que se intentaron usar las herramientas de la democracia para atentar contra la democracia”, dijo.
Zaldívar criticó que con “supuestas encuestas” – haciendo referencia al referéndum con el cual Bonilla quería mantenerse en el cargo – o con el argumento de la contingencia sanitaria, se intentara defender una reforma que atenta contra los principios democráticos.
El presidente de la Corte fue uno de las seis ministras y ministros que durante la sesión coincidieron en calificar de “fraude a la ley y a la Constitución” la reforma que permitía a Bonilla a extender su periodo en el cargo. Otra de ellas fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien además advirtió de un precedente peligroso que se dejaría de aprobarse la llamada Ley Bonilla.
“Estamos ante un fraude a la ley que generaría un mal antecedente pues luego podríamos ver a gobernantes de cualquier nivel ampliando periodos distintos por los cuales originalmente fueron votados. Es una completa violación a la certeza jurídica”, dijo.
La ministra Norma Piña Hernández subrayó que no solo se trataba de una reforma fraudulenta sino de un “atentado” contra la democracia y la Constitución que pretendía violar principios básicos del proceso electoral. “¿Qué mayor afrenta hay que esta? Es un abuso del poder jurídico. Es un abuso de poder… una simulación que es una amenaza a la vida democrática”, dijo.
El ministro Juan Luis González Alcanta Carrancá, quien fue el primero en intervenir, no dudó en señalar que la reforma de Baja California “atropella el derecho al sufragio universal de los ciudadanos” y “trastoca la certeza electoral la cual es un pilar de nuestra democracia”.
El ministro y expresidente de la Corte Luis María Aguilar Morales abundó en el tema de la violación a los principios constitucionales y en especial al de la “no reelección”, pues dijo que se buscó materializar la ampliación de facto de una persona en un cargo.
“Prorrogar desde el poder político un mandato impide una verdadera contienda. Es una reelección disfrazada que ignora y desprecia por completo una facultad que solo es del pueblo y es su voluntad electora. Estamos ante una simulación. Una violación al principio histórico del sufragio efectivo, no reelección”, sentenció Aguilar Morales.
¿Qué sigue? Nuevas elecciones en 2021
La decisión tomada por el pleno de la SCJN es definitiva. En consecuencia, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez no cuenta ya con recursos para impugnarla.
En consecuencia, de acuerdo con lo explicado por el ministro González Salas, Bonilla Valdez solo podrá ser gobernador de dicha entidad para el periodo por el cual fue elegido originalmente, y que concluye el 31 de octubre de 2021. Es decir, tendrá que haber elecciones el próximo año.
Para materializar lo anterior se anula de forma definitiva la reforma que el Congreso de Baja California había aprobado mediante el denominado Decreto 351 a la Constitución política del estado, y mediante el cual se ampliaba el mandato del gobernador actual hasta el 2024.
De esta forma solo queda vigente la reforma aprobada en el decreto original de 2014, que establece que el próximo año debe convocarse de nuevo a elecciones para gobernador, las cuales coincidieran con las elecciones intermedias de nivel federal.
