Por Miriam Millán | La Verdad
Un desfalco por casi un millón y medio de pesos en pago de horas extras “fantasmas” que involucraría a la Alcaldesa, el Tesorero y Recursos Humanos, quedó al descubierto ante una denuncia ministerial interpuesta en enero pasado por el Implan y revelado ayer por Gustavo Acosta Gaxiola.
Acosta Gaxiola, consejero del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), ventiló dicha anomalía financiera que la ex titular de la dependencia, Marianela Berttolini Abreu, no solapó y por tal motivo habría sido relevada de su cargo a iniciativa de la Presidenta Municipal.
De manera formal dicho consejero del Instituto en una carta dirigida al ahora director, Lamberto Betanzos Encinas, le solicita darle seguimiento a la investigación judicial abierta para que sean descubiertos y castigados el o los presuntos culpables del supuesto delito.
El oficio, remitido el pasado viernes 24, detalla cómo sucedió el hallazgo de las horas extras no ejercidas pero pagadas por Recursos Humanos y Tesorería sin autorización ni conocimiento de Berttolini Abreu, y le advierte al funcionario que la omisión también constituye un delito grave.
“No es posible que los actos de corrupción en diferentes órdenes broten más que el propio drenaje público en nuestra ciudad destrozada y abandonada mientras otros se enriquecen ilícitamente”, expresó Acosta Gaxiola.
Precisó que en el último trimestre del 2019 fue practicada una auditoría del ISAF al Ayuntamiento donde en diciembre hubo una observación al Implan por un desfase en pago de horas extras que la directora Marianela Berttolini Abreu no reconoció como haberlas autorizado.
Por lo menos en el tercer trimestre habría un desfalco por unos 34 mil pesos bajo ese concepto de acuerdo a informes de la paramunicipal.
Al indagar Berttolini Abreu descubrió que su firma había sido falsificada y utilizado el sello oficial por personal desconocido, detalló, por lo que tomando en cuenta lo delicado del asunto decidió interponer una querella ante el Ministerio Público en enero pasado.
La demanda con carpeta de investigación 01332/2020 es bajo la presunción de los delitos de falsificación de documentos, asociación delictuosa, uso indebido del servicio público, entre otros, contra quien o quienes resulten responsables, especificó.
Abundó que esta seria irregularidad quedó expuesta en sesión de la Junta de Gobierno del Implan presidida por la Alcaldesa, en enero, en lo personal y por la misma entonces Directora, sin que ningún otro consejero se atreviera a exigir ahondar en los hechos.
En este ilícito estarían involucrados el tesorero Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, la directora de Recursos Humanos, Adela Gutiérrez Pacheco, el director de SIUE, Alejandro Quiroz Agüero quien prestó el sello de su dependencia en unas de esas órdenes apócrifas, amplió, y por supuesto la Alcaldesa.
Comentó que por indagatorias informales se sabe que esto está pasando en otras dependencias, sumando en ese período mínimamente el pago de un millón 400 mil pesos por horas extras “fantasmas”.
“Desafortunadamente hay incluso miembros de la Junta del Implan que no quieren actuar por intereses personales o temor a represalias pero es hora de frenar los robos que hay en esta administración que solo favorecen a la Alcaldesa y sus protegidos”, sentenció.
TESTIMONIO:
“La salida de Marianela del Implan fue en parte por no solapar el desfalco, ella nunca se prestó a ilegalidades ni dejó involucrarse en la corrupción, no pueden decir que es mentira porque existe un acta de observación emitida por el ISAF” – Gustavo Acosta Gaxiola, Consejero del IMPLAN.
“NUNCA ME PRESTÉ A ILEGALIDADES”
La presentación de la denuncia ministerial por el delito de falsificación de su firma en documentos a nombre del Implan remitidos a Recursos Humanos para el pago de horas extras a personal no reconocido entre otros delitos, confirmó ayer la ex directora Marianela Berttolini Abreu.
Berttolini Abreu precisó que en diciembre pasado hubo una delicada observación del ISAF de la cual no era responsable y tampoco podía permitir se repitiera.
“Sí lo detecté, lo expuse a la Junta de Gobierno y no se tomó una decisión”, explicó, “entonces decidí poner la demanda judicial como un derecho para que no se me involucrara en dichas irregularidades”.
Dado que el asunto está en el nivel de investigación judicial se reserva más declaraciones públicas, aclaró.
“Por profesionalismo, ética y valores personales jamás sería cómplice de una ilegalidad, eso lo dejé siempre claro”, subrayó, “en el Implan di siempre resultados comprobados con el mínimo apoyo”.
