Nacen en un estado, como Guerrero, Oaxaca o Veracruz. Intermediarios los enganchan para laborar en producción de hortalizas, azúcar, algodón o frutas por el salario mínimo de 185 pesos diarios (por 8 horas en temporada baja) y unos 400 pesos (por horas extras en temporada alta) hasta la región norte, donde viven hacinados en campamentos, y de ahí abordan una calafia o una van para recorrer alguna otra ruta migratoria interna, incluso con niños, y laborar en otra zona bajo el sol. Las empresas transportistas al tener concesión no se responsabilizan de accidentes o enfermedades durante el camino, documenta el informe “Los jornaleros agrícolas migrantes” del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
En Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, donde predomina la producción de hortalizas y frutas para atender el mercado de Estados Unidos, se concentra el 80 por ciento (cerca de 200 mil personas) de la población jornalera solo del norte de México. Tienen circuitos laborales con entidades del centro y sur del país, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Puebla y Guanajuato, que concentra el 46.5 por ciento de la población jornalera a nivel nacional, esto es poco más de 500 mil. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango domina la producción frutícola, algodonera y cañera, dimensiona el estudio.
“En el contexto de la pandemia del COVID-19, asociado a la configuración del sistema nacional de salud pública, los jornaleros agrícolas constituyen una población altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo provenientes del modelo de producción agroexportador: las formas de traslado desde sus lugares de residencia y las formas de vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el hacinamiento [y el aislamiento de centros de salud]”, expone.
A nivel nacional, hay 2 millones y medio de jornaleros en la agricultura, sin embargo, ya que suelen viajar con sus familias, se estima que la población impactada por esta actividad laboral alcanza los 5.9 millones de personas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Secretaría de Trabajo y la de Bienestar son las encargadas de regular a las empresas y de apoyar con programas a los jornaleros, cuya eficacia no ha sido evaluada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Aunque los sindicatos independientes han sido claves en visibilizar las condiciones laborales y mantenido demandas de mejoras durante años, “el nivel de afiliación es bajísimo y tienen nula incidencia”, lo cual se refleja –junto con “la poca presión de autoridades del trabajo”– en el salario mínimo que los trabajadores reciben incluso de trasnacionales y las jornadas excesivas en temporada alta, dijo en entrevista el investigador Óscar Contreras, uno de los autores del informe del Colef.
Estos meses están en temporada baja. La alta, donde les pagan a destajo según el cultivo, viene de mayo a julio y de agosto a octubre. “Históricamente han estado en estas condiciones precarias desde que iniciaron las grandes inversiones en la agricultura de exportación. Se esperaría un cambio de este Gobierno en empujar a las empresas para mejorarlas, pero no se ha visto”, aseguró.
El estudio advierte que “al regresar enfermos a sus comunidades existe mayor riesgo de propagación del virus entre los sectores de la población más pobres y marginados del país [el sureste]”.
Tal riesgo ha llevado a empresarios del Valle de San Quintín a sanitizar los camiones que utilizan para el traslado de trabajadores. El investigador Óscar Contreras amplió que durante esta fase 3 al menos en Baja California y Baja California Sur se están tomando medidas de sanitización y monitoreo de temperatura, sobre todo en las grandes empresas agroindustriales.
Dada su participación en las cadenas de producción de alimentos y su condición de precariedad, que los lleva a vivir al día, los jornaleros agrícolas difícilmente podrán parar de trabajar durante esta pandemia.
LA CONSTANTE MOVILIDAD
El modelo de producción intensiva de la agroindustria requiere flexibilidad laboral en tiempo y cantidad, por lo que los empresarios del sector buscan trabajadores a distancia para jornadas temporales en los campos agrícolas. Aunque domina el contrato de población local o bien asentados (79 por ciento), la estrategia de traslado sigue estando presente tanto a larga distancia como a corta distancia (23 por ciento) en las diferentes regiones agrícolas del país.
“La movilidad de personas y las condiciones en las que viajan constituyen una fuente de vulnerabilidad y de expansión del contagio, debido a que los trabajadores son trasladados desde diferentes partes del país y lo hacen en hacinamiento, muy lejos de la sana distancia requerida para el control de la velocidad del contagio”, advierte el informe del Colef, también coordinado por las académicas Laura Velasco y Marie Laure Coubès.
La mayoría de los trabajadores se trasladan en camiones contratados por las empresas. Algunas pueden ser camionetas tipo van o de redilas con capacidad entre 10 o 20 personas, mientras otras de mayor tamaño tipo autobús con capacidad entre 35 y 50 asientos.
Los autobuses trasladan tanto a trabajadores asentados como a trabajadores migrantes de larga distancia y su flujo es mayor en ciertas épocas de año.
CAMPAMENTOS AISLADOS Y HACINADOS
El uso de campamentos para albergar jornaleros agrícolas durante los ciclos de cultivo y cosecha es diferencial según el acceso a mano de obra local. En el caso de los aislados geográficamente implica un reto para la atención de la salud de los trabajadores.
La región del Valle de Vizcaíno, Baja California Sur, es de las más aisladas, donde predominan familias que habitan en campamentos con residencias separadas y prácticamente la totalidad de los trabajadores viven en campamentos, por lo que tienen patrones de mayor segregación que en el Valle de Santo Domingo, donde hay un patrón de asentamiento importante y menor segregación en términos generales, expone el informe del Colegio de la Frontera Norte.
Sin embargo, en el Valle de Santo Domingo, BCS, dominan los campamentos tipo galera, donde el trabajador solo tiene acceso a un camastro en litera, por lo que el hacinamiento es mayor.
Se ha observado que más del 90 por ciento de la población jornalera en el Valle de Vizcaíno suele vivir en campamentos medianos y grandes donde puede haber desde 150 a más de 400 viviendas. Los refugios son de un solo cuarto, que va de 15.6 a 21.3 metros cuadrados, donde viven entre 3.4 y 4.2 personas, con 67 por ciento de la población total viviendo en condiciones de hacinamiento, reporta el informe.
¿QUIÉNES DEBEN ACTUAR CONTRA CONTAGIOS?
El Colegio de la Frontera Norte expone en el informe que las autoridades gubernamentales, las empresas que contratan y albergan a través de los Consejos Agrícolas de los estados y los sindicatos de jornaleros deben informar a los trabajadores en sus lenguas indígenas sobre el coronavirus; tomarles la temperatura en salida y llegada; monitorear los contagios en campamentos; atender a personas que presenten síntomas e identificar a infectados, y contar con un protocolo de canalización a los hospitales cercanos en atención a los enfermos graves.
También deben revisar las condiciones de vivienda al interior de los campamentos y entre las personas en las separadas, así como garantizar que se guarde una distancia mínima entre los trabajadores; evitar el hacinamiento en los camiones y asegurar la generalización de los protocolos de uso de gel desinfectante entre los trabajadores y la sanitización de los transportes.
El desplazamiento y la contratación de jornaleros agrícolas está regulado por el Subprograma Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas, del Programa de Apoyo al Empleo de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo, donde se lleva el control de las empresas y sus necesidades de trabajadores jornaleros y los traslados de origen a destino.
“A lo más que llegan es a tener registro de los trabajadores que participan en las regiones agrícolas y no mucho más. No hay acciones directas de apoyo a las condiciones de vida y de trabajo”, expuso uno de los autores del informe, Óscar Contreras.
El segundo actor gubernamental es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que depende de la Secretaría de Bienestar, encargada de atender las condiciones de vida de la población jornalera agrícola y de sus hogares en cuando a salud, educación y alimentación. Y el tercer actor es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dada la importante composición indígena de la población jornalera en el país.
