De acuerdo con los resultados de la medición multidimensional de la pobreza, en México hay 52.4 millones de personas que son pobres. De ellas, 43.1 millones son “pobres moderadas” y 9.3 millones viven en pobreza extrema.
A ello hay que agregar que, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), hay 45.3 millones de personas más que son vulnerables por alguna carencia social. Es decir, en México solo 27.4 millones de personas son consideradas como no pobres y simultáneamente como no vulnerables.
Al respecto, debe considerarse que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó, a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2018), que en México había en 2018 un total de 125.09 millones de habitantes.
Considerando que con base en este instrumento el CONEVAL mide la pobreza, debe subrayarse que habría entonces 97.69 millones de mexicanas y mexicanos que son o pobres o vulnerables.
REDUCIR LA POBREZA DEBE SER EL PRINCIPAL OBJETIVO
Siendo congruentes con lo que establece el Artículo 1º de la Constitución, esa es la cifra que deberíamos estar discutiendo, en las implicaciones que tiene, ya no solo para el diseño de las políticas públicas, sino, ante todo, frente al curso de desarrollo que se decidió para el país desde hace al menos tres décadas.
Desde esta perspectiva, discutir en torno a si los programas de la nueva administración serán suficientes para reducir más aceleradamente la pobreza es de algún modo irrelevante. La discusión de fondo debe ubicarse en cuál es el curso de desarrollo que requiere el país para garantizar de manera universal, integral y progresiva los derechos humanos, en los que están por supuesto incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
Discutir en esa tesitura implica modificar radicalmente las prioridades, objetivos y metas del gobierno federal, pero también de los estados y los municipios. Por ejemplo, en lugar de tener como objetivo reducir la pobreza, el énfasis debería ubicarse en la reducción de la mortalidad evitable.
¿CON BASE EN QUÉ VIDENCIA SE PUEDE SOSTENER ESTO?
Con los propios indicadores complementarios que presentó el CONEVAL a la medición de la pobreza. Por ejemplo, en los indicadores relativos a la tasa de mortalidad infantil y a la razón de mortalidad materna, incluso cuando su referencia es el año 2016, lo que se muestra es una muy lenta reducción, lo que hace que se encuentren en niveles realmente inaceptables para un país que cuenta con los recursos de que disponemos.
Lo mismo puede decirse del indicador relativo al porcentaje de población mayor de 30 años a la que no se le ha tomado una muestra de sangre para la detección oportuna de la diabetes. En ese indicador, por ejemplo, el porcentaje de quienes no acceden a pruebas de sangre creció de 48.1% en 2010, a 52.3% en 2018. Lo anterior sucede en medio de la emergencia epidemiológica que existe en nuestro país en esa materia.
De igual forma ha ocurrido con el porcentaje de mayores de 30 años a quienes no se les ha medido la presión arterial para identificar posibles personas hipertensas; en este rubro, el indicador creció de 30.1% a 34.1%. El control de peso y talla también ha ido a la baja, pues pasó de 30.4% a 28.5% de la población en el periodo señalado.
Otros estudios sobre la pobreza y la vulnerabilidad en México muestran que son tan frágiles y precarias las condiciones que se viven en el país, que es más probable que alguien que enfrenta la vulnerabilidad caiga en condiciones de pobreza a que tenga acceso a condiciones adecuadas de bienestar.
UN NUEVO CURSO DE DESARROLLO
Frente a ello, la UNAM ha presentado más de 100 propuestas para un nuevo curso de desarrollo. Igualmente, ha hecho un conjunto de recomendaciones para transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible y, en general, numerosas propuestas de políticas y acciones específicas para crecer con equidad.
México tiene prácticamente 100 millones de personas pobres o vulnerables. Es una tragedia que pudo haberse evitado, y es una tragedia excesiva, pues existen salidas viables y soluciones al alcance de la mano para transformar al país.
Esa es la magnitud del desastre al que llega el gobierno del presidente López Obrador. Qué tanto avance o no frente a ello será lo que determine la relevancia y magnitud de las transformaciones que está proponiendo.
