Si bien el número de afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido como Seguro Popular, aumentó 12% al pasar de 11.4 millones a 53.5 millones de 2005 a 2018, este no cumplió con los objetivos planteados, así lo expuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revelar que al menos 14.5 millones de personas no contaron con acceso a algún servicio de salud.
“En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2018, a 15 años de implementarse el SPSS (…) logró afiliar a 53,530,359 personas, el 78.6% de las 68,112,161 personas sin seguridad social (…) No obstante: el 21.4% de la población sin seguridad social, equivalente al 11.7% del total de la población (14 millones 581,802 personas), no contó con acceso a algún servicio de salud”, apuntó.
La Auditoría señaló que incluso la cifra total de beneficiarios no es del todo confiable ya que, de acuerdo con el cotejo, se encontró que había 4.7 millones de registros duplicados con los padrones de las instituciones de seguridad social y los esquemas públicos y sociales de atención médica.
ASF le deja tarea al Insabi y a la Secretaría de Salud
En el reporte, que se desprende de la Cuenta Pública 2018, se plantea que no se lograron atender las causas del problema público que dio origen al SPSS: la fragmentación del sistema; la distribución del gasto público por persona en salud entre las entidades de acuerdo con las necesidades de la población; la garantía de un tratamiento igualitario de patologías en las instituciones, y la homologación del conjunto de intervenciones médicas otorgadas en el país.
Es decir, que el Seguro Popular no cumplió con el fin con el que se creó durante el sexenio de Vicente Fox.
No obstante, ante la llegada de un nuevo plan para dar servicios de salud a la población sin seguridad social, que estará a cargo tanto de la Secretaría de Salud, como del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la ASF emitió una serie de recomendaciones, tales como:
Definir los objetivos, estrategias y líneas de acción, que le permitan establecer las acciones que realizará el Ejecutivo Federal, así como el costo y los recursos necesarios, para lograr los objetivos de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
La ASF pide a las autoridades definir e implementar estrategias que garanticen que los servicios médicos y las intervenciones incluidas en el “Compendio Nacional de Insumos para la Salud” e implementar los mecanismos necesarios que aseguren que los establecimientos que prestan gratuitamente los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
Al Insabi:
- Definir y normar los criterios para calcular el monto de los recursos financieros que se destinarán a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos;
- Establecer mecanismos que garanticen que, se registre el uso y destino de los recursos que se transfieran al Fondo de Salud para el Bienestar.
- Diseñar un modelo de evaluación de la prestación gratuita de servicio de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.
En tanto a la Secretaría de Salud, solicita que elabore el diagnóstico en el que se cualifique y cuantifique la población objetivo sin seguridad social por relación laboral que no cuenta con acceso a los servicios de salud.
Las fallas del Seguro Popular
Entre las fallas del programa están que las 359 intervenciones cubiertas por el SPSS representaron solo el 2.8% de las 12,638 contenidas en la clasificación estadística internacional de enfermedades.
El documento señala que el Sistema no logró satisfacer de manera integral las necesidades de salud de sus beneficiarios y no se encontraron mecanismos para articular el funcionamiento de los establecimientos de salud y el intercambio de servicios para incidir en las barreras de acceso de las personas sin seguridad social a los servicios de atención médica, lo que repercutió en que el SPSS no resolviera la fragmentación del Sistema Nacional de Salud.
Respecto a la duplicidad de los beneficiarios, la Auditoría se identificaron cuatro millones 663,080 registros del padrón del SPSS, con concurrencias, respecto de los esquemas públicos y sociales de atención médica, de los cuales el 94.8% (4.4 millones registros) correspondieron al IMSS; 3.9% (183,695 registros) al ISSSTE; 0.9% (40,825 registros) al ISSFAM, y 0.4% (16,406 registros), a Pemex.
La ASF señala que de los 35,398 establecimientos médicos en operación en 2018, sólo 8,682 (24.5%) estaban acreditados para otorgar servicios en alguno de los catálogos de intervenciones del SPSS.
Asimismo, las autoridades en Salud no comprobaron que la población afiliada tuvo acceso efectivo, de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
Crecieron los afiliados, pero no las camas
En contraste al crecimiento promedio de 12.6% anual en número de afiliados, el número de unidades médicas lo hizo tan sólo en 2.2%, al pasar de 12,563 a 16,594; el de camas censables, en 1.2%, de 33,388 a 38,801; el de médicos, en 4.4%, de 65,550 a 114,510, y el de enfermeras, en 5.4%, al pasar de 83,097 a 165,500.
Respecto al número de camas, el país se ubicó a la par de países como Costa Rica e Indonesia y solo por encima de la India.
“México estaba en el lugar 41 de los 44 países miembros para los que se dispuso de la información, con 1.4 camas por cada 1,000 habitantes, 3.3 puntos menos que el promedio de la OCDE de 4.7 camas, y 11.7 puntos menos que Japón, país con el mayor número de camas en promedio, con 13.1, y sólo arriba de Costa Rica, con 1.1 camas; Indonesia, con 1.0 camas, y la India, con 0.5 camas”, dice el reporte.
