El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó al sector industrial la suspensión provisional del proceso de actualización de la norma sobre etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.
Esta suspensión que el Juzgado otorgó el 26 de febrero a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) paraliza por el momento el proceso de publicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051, lo único que estaba pendiente para su implementación.
La juez analizará si el proceso de modificación de la Norma se llevó a cabo conforme a derecho, informaron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Concamin en un comunicado conjunto.
«Esto muestra que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la norma, tal y como desde el pasado 24 de enero el sector privado mexicano lo manifestó a la opinión pública.
«El CCE y Concamin confían en que la resolución final del Poder Judicial protegerá los derechos a la información, la salud y alimentación de los mexicanos», apuntaron.
Después de que la NOM 051 fue aprobada por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, el sector privado acusó que para los lineamiento del nuevo etiquetado no se tomó en cuenta la evidencia científica, estudios y compromisos internacionales, añadieron.
Por ello, el sector empresarial recurrió a las instancias legales para hacer valer el derecho a un proceso incluyente, transparente y con rigor jurídico, se lee en el comunicado.
«Creemos que la Norma aprobada no permitiría a los consumidores tener la información adecuada para tomar las mejores decisiones para su alimentación.
«La suspensión otorgada por el Poder Judicial representa una nueva oportunidad para continuar un diálogo abierto, propositivo e incluyente con autoridades, expertos y sociedad en general, para crear el mejor etiquetado posible en favor de los mexicanos, que garantice la veracidad de la información nutrimental para integrar una alimentación correcta», dijo.
Es fundamental que todas las políticas públicas se desarrollen de manera legítima en estricto apego a los principios de transparencia e inclusión y que la información de cualquier producto que se comercialice tenga pleno sustento técnico, jurídico y científico, sostuvo.
