El grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados revivió su iniciativa para que en México se restablezca la pena de muerte, esta vez, en contra de violadores, feminicidas y homicidas de menores.
La propuesta contempla “denunciar” los tratados internacionales que México ya ha firmado para impedir este castigo en el país.
“Una eventual reinstauración en nuestro marco jurídico de la pena de muerte haría necesario denunciar los tratados que la prohíben, es decir, los tratados constitutivos, estos son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los protocolos de ambos”, argumenta el partido, que en otros años ha planteado restablecer la pena de muerte para ciertos delitos, como el secuestro.
A la iniciativa también se adhirieron miembros de la bancada de Morena que antes pertenecían al PVEM, como Mariana Rosas, Ana Peralta y Alfredo Gordillo, además del experredista Héctor Serrano, hombre cercano al exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y exfuncionario en la CDMX.
La propuesta incluye modificaciones a los artículos 18, 22, 29 y 94 de la Constitución del país. También contempla que los detalles de estos cambios se definan en leyes reglamentarias que se discutirían posteriormente.
El PVEM busca que este castigo se aplique en tres supuestos: cuando un violador asesine a su víctima y esta sea menor de edad, en los casos de feminicidio en los que la víctima sea una menor y en los casos de homicidio doloso en los que la víctima sea menor.
Con las reformas al artículo 29, también se contempla que se elimine el candado que tiene el presidente de la República para no decretar pena de muerte.
“El artículo 29 constitucional contempla el estado de excepción, como un mecanismo para que el presidente de la República decrete, con la aprobación del Poder Legislativo federal, la suspensión o restricción de derechos para hacer frente a casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. El párrafo segundo de este artículo constitucional establece un catálogo de materias que quedan excluidas de los decretos por los que se suspenden o restringen derechos, el cual incluye la prohibición de la pena de muerte. Considerando que, derivado de la propuesta integral contenida en la presente iniciativa de reformas constitucionales, la pena de muerte ya no estará prohibida en nuestro país, se estima pertinente eliminar dicha referencia”, explica la propuesta.
Durante una conferencia de prensa, Arturo Escobar, coordinador parlamentario del PVEM, no quiso dar detalles sobre cuál sería el mecanismo para aplicar la pena de muerte.
“No lo he consultado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas conductas de las que hablamos son personas que han renunciado a vivir en colectividad. Requiere un sistema de excepción que le permita sentenciar su conducta con todas las agravantes de la ley, incluyendo la que proponemos, que es la pena capital. Estamos hablando de regresar al país a un nivel de civilidad que se ha perdido, esto no tiene que ver con la cuarta transformación”, dijo.
Mario Delgado, coordinador de Morena, señaló que no comparte la propuesta, pero será respetuoso con los miembros de su partido que se adhieran.
“No comparto la visión del Partido Verde. Comprendo lo sensible que es el asesinato de un menor de edad, lo doloroso que es, pero no estoy seguro de que poner pena de muerte contribuya a erradicarlos, son otras acciones que tenemos que hacer como sociedad, como gobierno. Aquí la posición de los diputados es libre, no hay línea en Morena”, dijo.
Verónica Juárez, del PRD, tachó la iniciativa de “populismo legislativo”.
“Nosotros tuvimos la última reforma para abolirlo en 2005, se hizo aquí, se retiró del Código Militar. Sin embargo, nos parece que tener la pena de muerte no reduce delitos, la pena de muerte tampoco ayuda a la prevención, y con el sistema de justicia que tenemos, si existiera esto, si se equivocara con alguna persona, no valdría el ‘usted disculpe’. Me parece populismo legislativo”, sostuvo.
