En el último año de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se detectaron manejos irregulares por 1,142 millones de pesos, tales como contratos con empresas fantasma, pagos por servicios no recibidos, desvío de recursos que serían para la evaluación de viviendas dañadas por el sismo de septiembre de 2017 y hasta por vuelos que no hay constancia de que se realizaron por parte de la secretaria.
Este jueves, el auditor David Colmenares presentó la Tercera Entrega del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2018, correspondiente al del último año de Enrique Peña Nieto, en elque se informó que hay 50,944 millones de pesos de gasto público por aclarar del gobierno federal.
En lo que corresponde a la Sedatu, la anomalía más grande que detectó la ASF es por un monto de 211 millones 204,278 de pesos en los que se comprobó que la Sedatu pagó injustificadamente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por el Convenio de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos para implementar el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional y el de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, sin embargo no se acreditó que se realizaran los trabajos.
El IICA se negó a proporcionar información y documentación comprobatoria del cumplimiento de sus obligaciones a la ASF, al considerar que no era un sujeto obligado por gozar de inmunidad diplomática.
La ASF detectó otra irregularidad en el manejo de recursos de la Sedatu por 159 millones 491,334 pesos al comprobarse que pagó indebidamente con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018, compromisos contraídos en 2017, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los recursos erogados fueron para pagar el Servicio Integral de Administración y Mantenimiento de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones para la SEDATU que esa la institución a cargo de Rosario Robles firmó con la empresa Integraciones Profesionales, S.A. de C.V., sin embargo la Secretaría no presentó documentación comprobatoria que acreditara que se le prestaron esos servicios y la empresa tampoco acreditó que cumplió con ellos. Además, se informó que se detectó que Ia compañía transfirió injustificadamente los recursos públicos a otras seis empresas.
También se presume un daño a la hacienda pública por un monto de 90 millones 800,000 pesos debido a que se comprobó que la Sedatu transfirió recursos federales al Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), para gastos de subcontratación de servicios con terceros, sin embargo, no se acreditó la aplicación de esos recursos.
Otra de las anomalías detectadas asciende a 85 millones 171,840 pesos por un pago realizado al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., por concepto de honorarios por servicios bancarios, así como para la dispersión de los recursos a los beneficiarios del estado de Morelos, sin embargo la Sedatu no comprobó que los trabajos y las dispersiones se realizaron.
Un manejo irregular más con un daño al erario por 67 millones 490,988 pesos fue detectado en la firma de un contrato entre la secretaría y el Diario la Verdad, S.A. de C.V., sin que ese medio de comunicación comprobara que otorgó los servicios ofrecidos a la institución. Además, se detectó que el Diario transfirió la totalidad de los recursos a siete empresas más.
La Auditoría detectó que también hubo daño al erario en recursos que destinaría la Sedatu a la evaluación de viviendas dañadas por el sismo de 7.2° Richter y de casas vivienda del estado de Guanajuato por la declaratoria de desastre natural a causa de la presencia de lluvia severa ocurrida el de 30 de junio de 2018 en el municipio de Celaya. La empresa Sistemas Integrales de Servicios y Trámites Globales, S.A. de C.V. recibió 59 millones 688,160 pesos, sin que haya realizado los servicios para los que fue contratada.
Además, tampoco la Sedatu no presentó evidencia comprobatoria que acreditara el gasto de vuelos efectuados por Rosario Robles, quien hoy está presa en Santa Martha Acatitla por presunto ejercicio indebido del servicio público. El daño a la hacienda sería por 5 millones 799,382 pesos.
Otros casos:
Daño por 47, 615,256 de pesos. La Sedatu ocupó recursos de la delegación Quintana Roo del Programa de Infraestructura, pero no se acreditó la aplicación de recursos.
Daño por 47, 319,056 de pesos. No existe evidencia documental que justifique la transferencia de recursos públicos federales a la empresa Comercializadora Futurek, S.A. de C.V.
Daño por 45, 000,000 de pesos. La SHCP pagó con recursos públicos del ejercicio fiscal 2018 compromisos contraídos en 2017, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Daño por 23,995,792 de pesos. La Sedatu transfirió recursos al Gobierno del Estado de Quinta Roo para los programas de: “Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” y “Consolidación de Reservas Urbanas (PCRU) para el Ejercicio Fiscal 2018”; pero no se proporcionó información sobre los beneficiarios.
Daño pro 21, 941,291 de pesos. La Sedatu pagó con recursos públicos del 2018 al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM) por compromisos contraídos en ejercicio fiscal 2017, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Daño por 20,330,526 de pesos. La Sedatu pagó, por medio de la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI), recursos a las empresas Inndot, S.A. de C.V., y Sixsigma Networks, S.A., por compromisos contraídos en ejercicio fiscal 2017, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
