Para todos los mexicanos no hay duda que el “Culiacanazo”, donde se dejó libre a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, humilló al gobierno y a las Fuerzas Armadas; sin embargo, no se hizo nada para lavar esa afrenta.
Por el contrario, se supo que en aquel operativo fallido, la orden de cateo, representaba un blindaje judicial para que la detención fuese exitosa, nunca existió.
Sin haber obtenido un documento judicial, los efectivos de la Guardia Nacional, lanzaron la operación a las 15:30 horas del 17 de octubre, luego de que detectaran que Ovidio había llegado al inmueble. Entonces, la táctica militar fue respondida por fuego de grueso calibre por hombres armados que hicieron cundir el pánico en las calles de Culiacán, Sinaloa.
Aunque por muchos años, la estrategia de los gobiernos mexicanos contra el tráfico de drogas ha sido atrapar a los grandes líderes de cárteles, el resultado ha sido muy distinto al esperado, debido a los errores en las órdenes judiciales y procesos de detención.
El caso más reciente es el de Óscar Andrés Flores Ramírez, “El Lunares”, considerado el líder de la Unión Tepito, fue capturado el pasado 31 de enero en Tolcayuca, Hidalgo, pero en poco más de una semana, la juez del Centro de Justiciua Penal Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel, por contradicciones insuperadas e insuperables sobre las circunstancia de modo, tiempo y lugar en la detención del presunto delincuente.
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“No puedo conceder la vinculación a proceso que exige la Fiscalía, hay una insuficiencia de datos de prueba para vincular a proceso”, determinó la juzgadora.
Como prueba, la defensa de “El Lunares” presentó una grabación de la captura del cabecilla narco, contradiciendo lo señalado en el Informe Policial Homologado, en el que se indica que los elementos hicieron una detención en flagarancia cuando los involucrados circulaban en una camioneta. El video no coincide en tiempo y hora que transcurrieron los hechos.
“El Lunares” fue acusado de delitos contra la salud, posesión de armas y de cartchos de uso exclusivo del Ejército.
En una situación casi simultánea, Karina Mora, esposa de José Antonio Yépez,“El Marro”, fue liberada.
Sobre la cónyuge del líder del Cártel Santa Rosa de Lima —capturada el pasado 29 de enero— pesaba una acusación sobre portación de armas exclusivas del Ejército y Fuerzas Armadas, incautadas en una supuesta casa de seguridad en la comunidad San Miguel Octopan, en Celaya, Guanajuato.
Sin embargo, la imputación fue echada abajo luego de que un juez federal determinara que los agentes estatales catearon el inmueble sin ninguna orden judicial.
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Durante la detención, Karina estaba acompañada por César “N”, Serafina “N” y Alfonso “N”, quienes también fueron puestos en libertad.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadna, Alfonso Durazo, reprochó la liberación de Karina Mora. “Nosotros respetamos la decisión del juez, pero no deja de ser lamentable, que después de un esfuerzo de investigación relevante nos encontremos que unas personas regresen a la calle sin haber pagado”, dijo.
Los errores en los procesos judiciales no son nuevos. En 1985, el crimen del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, llevó al “Narco de narcos”, Rafael Caro Quintero, a la cárcel. La justicia mexicana le condenó a 40 años, pero en 2013 , cuando aún le faltaban 12 años por cumplir, logró que un tribunal de Jalisco le dejase en libertad por un defecto de forma. Cuando la sospechosa sentencia fue invalida, Caro Quintero ya estaba en clandestinidad.
Desde entonces, Caro Quintero se mantiene oculto en alguna choza perdida entre vericuetos del Triángulo Dorado, viviendo a salto de mata y con mil rutas de escape, pues su principal temor es que lo agarre el gobierno y lo extraditen a Estados Unidos.
