La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que el gobierno del presidente Donald Trump ponga en marcha una regla que le permitirá a las autoridades migratorias negarle la residencia permanente a aquellos inmigrantes que utilizaron beneficios públicos o pudieran necesitar asistencia del gobierno.
Si bien existía una regla de “carga pública”, en agosto del 2019 el gobierno federal expandió la definición de la norma. Cualquier inmigrante que recibió ayuda gubernamental de algún tipo, durante 12 meses consecutivos en un lapso de 3 años, quedaría bajo la lupa.
La nueva regulación podría servir para que agentes migratorios rechacen solicitudes de residencia permanente a quienes utilizaron en algún momento beneficios de asistencia pública, incluyendo Medicaid y cupones de alimento, entre otras cosas.
También le permitirá al gobierno denegar solicitudes de residencia a personas que ellos sospechen pudieran llegar a necesitar ayuda del gobierno en un futuro, incluyendo personas de la tercera edad y menores de edad.
Los magistrados votaron 5-4 para revertir la decisión de una corte federal de apelaciones de Nueva York que mantenía la reglamentación momentáneamente suspendida.
Los cuatro jueces más liberales de la Corte Suprema, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, votaron en contra de poner en vigencia la nueva regla.
Una mandamiento judicial en Illinois hace que la regla todavía no entre en efecto en ese estado.
Las demandas para frenar la regla continuarán, pero mientras tanto la norma de “carga pública” entrará en vigencia y aquellos inmigrantes que soliciten la residencia permanente deberán demostrar que no necesitaran asistencia del gobierno.
Unos 544,000 inmigrantes solicitan la residencia permanente cada año. De acuerdo a datos del gobierno federal, 382,000 entran en categorías que los pondrían bajo la lupa por esta nueva norma.
