POR AP
NOGALES, México (AP) — Abrigados para protegerse del frío, decenas de solicitantes de asilo regresados por Estados Unidos a México intentaban dilucidar el viernes cómo viajarán unos 560 kilómetros (350 millas) para asistir a sus audiencias en una corte, cómo subsistir durante meses en esta ciudad fronteriza que les es desconocida o cómo regresar a sus países.
El jueves, el gobierno de Estados Unidos amplió su programa de “Permanencia en México” a la ciudad mexicana de Nogales, limítrofe con la ciudad homónima de Arizona. Un grupo de unos 30 migrantes principalmente centroamericanos fueron regresados ese día y unos 45 el viernes.
Los migrantes dijeron no tener aún idea de cómo reunir dinero para salir de Nogales, en el estado mexicano de Sonora.
Hasta noviembre, Estados Unidos había regresado a México a unos 56.000 solicitantes de asilo para que esperaran la resolución de sus casos, según la Transactional Records Access Clearinghouse, de la Universidad de Syracuse. Hacer que los solicitantes de asilo esperen en las ciudades fronterizas mexicanas, muchas de las cuales están asoladas por la delincuencia, tiene como propósito desalentar a los migrantes. Antes, muchas de estas personas eran puestas en libertad con brazaletes electrónicos para que esperaran la conclusión de sus casos en territorio estadounidense.
Nogales se convirtió en la séptima ciudad fronteriza incluida en el programa, y quizá es la más onerosa a la fecha para los solicitantes de asilo. Los centroamericanos regresados el jueves tenían audiencias programadas para finales de marzo en El Paso, Texas, a cientos de kilómetros (millas) hacia el este. En otras localidades hay tribunales al otro lado de la frontera, o que por lo menos se ubican a mucha menor distancia.
El guatemalteco Lorenzo González, un campesino que viajó con su esposa y tres hijos de entre 1 y 12 años, dijo que no ve cómo podrían esperar tres meses. Dijo que está dispuesto a rendirse, pero tampoco tiene idea de cómo podría regresar con su familia a Guatemala.
“No entendemos por qué no nos mandaron a Guatemala y pelear nuestro caso allá y no esperar acá”, dijo en un comedor popular donde él y su familia se alimentaron el viernes. “Acá estamos preocupados porque no conocemos a nadie, no tenemos a dónde ir. Nos dieron un albergue, pero nomás sólo para tres noches y luego nosotros tenemos que ver dónde agarrar”.
La familia pasó la noche del jueves en un albergue ubicado a 3 kilómetros (2 millas) de la frontera. En la mañana, los migrantes pagan una pequeña cuota para que los lleven al comedor popular, situado a corta distancia de la frontera. En la tarde, las autoridades mexicanas de migración los regresan al albergue. Sin embargo, los empleados del albergue independiente dijeron que los migrantes sólo pueden quedarse tres noches.
“Quiero regresar (a Guatemala) pero no contamos con dinero”, afirmó. Tampoco tiene 1.200 pesos (63 dólares) para el boleto de autobús a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, desde donde tendría que cruzar a la ciudad de El Paso, Texas, para su audiencia del 25 de marzo. “No sé qué hacer”.
Aun si contara con el dinero, el viaje a Ciudad Juárez es inseguro. Implica cruzar de territorio controlado por el cártel de Sinaloa al que controla el cártel de Juárez. Tres mujeres y seis menores, todos mexicano-estadounidenses, fueron asesinados en noviembre por miembros del cártel de Juárez en una zona donde se encuentran ambos territorios.
“Nos preocupa muchísimo esta situación”, dijo el reverendo Sean Carroll, director ejecutivo de la Iniciativa Fronteriza Kino en Nogales, que ofrece comidas gratuitas a los migrantes. Dijo que los migrantes que son devueltos corren el peligro de que los asalten, maltraten, secuestren y violen. “Se encuentran vulnerables aquí. Se van a encontrar vulnerables en el camino. Se van a encontrar vulnerables en Ciudad Juárez”.
El grupo independiente Human Rights First difundió en diciembre un informe en el que documentó al menos 636 denuncias ante la autoridad de actos de violencia contra solicitantes de asilo regresados a México, que incluyen violación, secuestro y tortura. El grupo señaló que la cifra mostraba un marcado incremento sobre los 343 casos de octubre, y subrayó que el número más reciente con seguridad es inferior al real porque la mayoría de las víctimas no denuncia.
Otro campesino guatemalteco, Heberto Ramírez, al que acompaña su hijo de 16 años, dijo que ha estado en comunicación con su familia desde que lo regresaron a México y le preguntaron cómo regresaría a casa si ya no tenía más dinero. Sin embargo, Ramírez tampoco ve cómo podría esperar con su hijo más de tres meses en la frontera. El hombre traía una toalla encima de su camisa para taparse del frío, que descendió abajo del punto de congelación el viernes en la mañana.
“Queremos hacer algo, tal vez ganar algo que no tenemos pero, sucede que no pudimos”, señaló Ramírez. “Mejor regresamos, seguir viviendo pobremente”.
El jueves, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo que el programa Protocolo de Protección a Migrantes ha sido “un instrumento extremadamente efectivo”.
“Confío en la continua eficacia del programa para la adjudicación de casos meritorios con rapidez e impedir solicitudes fraudulentas”, escribió Wolf.
González, que llevaba una sudadera con capucha y nada abajo, expresó preocupación por la seguridad de su familia en el lado mexicano de la frontera. Su esposa parecía nerviosa. Estuvieron separados cinco días mientras estuvieron detenidos en Tucson y después los subieron el jueves a un autobús sin que les informaran que sucedía, apuntó.
“No nos dijeron dónde nos van a mandar, simplemente nos metieron en un bus y nos vinieron a dejar acá en la frontera Nogales”.
