La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló hoy que el gobierno federal “no ha cumplido con todos los estándares internacionales” en su proceso de “consulta indígena” para el Tren Maya.
En un comunicado publicado hoy, la instancia internacional señaló una serie de factores que cuestionan el carácter “previo, libre e informado”, que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece para un proceso de consulta indígena.
Estos incumplimientos abren la puerta a que personas inconformes con el megaproyecto tramiten amparos e invaliden los resultados de la consulta, que según el gobierno federal aprobó “por consenso” el Tren Maya.
La ONU-DH observó por ejemplo que “las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.
También resaltó que la finalidad de las asambleas informativas y consultivas consistió en “establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta”.
Y señaló que la información que el gobierno federal proporcionó a las comunidades indígenas “solo hacía referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar”, y ello a pesar de que “en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa”.
Esta falta de información clara es producto de que el propio gobierno federal aún no cuenta con estudios sobre los impactos del megaproyecto, o al menos no los ha difundido.
La ONU-DH deploró la escasa presencia de mujeres en las asambleas, e insistió en que “la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales, dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades”.
Además, planteó que “al cierre de las sesiones consultivas se expresó la necesidad de establecer comités de seguimiento, sin embargo, en algunas de las sesiones observadas no hubo claridad sobre los acuerdos alcanzados, quiénes participarían en los mencionados comités, ni cómo operarían”.
