El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que el Senado rechaza tajantemente toda posibilidad de establecer un mecanismo adicional al convenido en el Protocolo Modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues considera que va en contra de la buena voluntad y del espíritu con el que este se suscribió el pasado 10 de diciembre en Palacio Nacional.
A través de su cuenta de Twitter, el también coordinador de la bancada de senadores de Morena subrayó que el hecho de que la Ley de Implementación incluya como parte de su articulado la designación de cinco agregados laborales para monitorear la puesta en marcha de la Reforma Laboral en México es totalmente inaceptable, ya que implica un mecanismo adicional al estipulado en el T-MEC.
Monreal Ávila indicó que la discusión y aprobación de la Ley de Implementación del T-MEC en Estados Unidos es parte de su proceso legislativo para ratificar todo acuerdo comercial.
“Su propósito es ajustar la ley para la entrada en vigor del Tratado en ese país; no forma parte del texto suscrito por las tres naciones” aclaró.
Apenas el pasado 10 de diciembre, representantes de los equipos negociadores, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ratificaron en Ciudad de México el tratado comercial entre los tres países.
No obstante, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó el sábado que Estados Unidos contempla la designación de cinco inspectores laborales para que vigilen la implementación de la Reforma Laboral en nuestro país.
“Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración de Estados Unidos, no fue, por razones evidente, consultada con México”, aseguró.
Seade agregó que ya envió una carta al al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la cual expresa su sorpresa ante la medida, y recordó que, de acuerdo con las legislaciones mexicanas y las disposiciones de derecho internacional vigente, los funcionarios extranjeros requieren la autorización del país anfitrión.
