El Pleno del Senado avaló cambiar el nombre del Instituto de Administración de Bienes y Activos por Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y de las finanzas públicas.
El dictamen precisa que el nombre contribuye con la nueva política que se está implantando dentro del organismo, principalmente en la erosión de las malas prácticas con las que se había desempeñado y la oscuridad al momento de realizar gestiones con los bienes y activos de la Federación que debían ser administrados en favor y beneficio de la población.
Las modificaciones fueron aprobadas con 57 votos en favor, siete en contra y cinco abstenciones, y remitido al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
El dictamen señala que las modificaciones significan una transformación de carácter moral en el funcionamiento de uno de los órganos de la Administración Pública Federal, cuya función es trascendental para la administración de los bienes públicos.
Las reformas fueron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; y el Artículo Séptimo Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Además se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, senador Cristóbal Arias Solís, dijo que la modificación contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho, de las finanzas públicas y del sistema económico-financiero.
Se pretende que los servidores públicos encargados de la administración y gestión de los bienes de la Federación conformen una nueva conciencia respecto a la naturaleza de la función de este organismo.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que la modificación tiene un valor histórico y simbólico relevante para la sociedad. Implica un manifiesto de la convicción del gobierno de recuperar todo bien del cual fue despojada la sociedad.
A favor del dictamen, el senador Martí Batres Guadarrama dijo que hay que hablar con claridad, pues a veces para evitar la comunicación con el pueblo se utilizan nombres muy técnicos que impiden que la gente se entere de qué se trata y cuál es el fin de una institución.
Con esta reforma, consideró, quedará muy claro para la sociedad que existen mecanismos para recuperar bienes que son producto del crimen o de la corrupción.
En contra, la senadora Alejandra Reynoso, del PAN, señaló que el cambio de nombre es una ocurrencia que no tendrá ninguna implicación benéfica, porque no crea una institución nueva ni tampoco le da nuevas facultades. Sólo cambia el nombre para cumplirle “el capricho al Presidente de la República”.
La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, advirtió que esta reforma violenta un acuerdo político entre todos los grupos parlamentarios, toda vez que en julio pasado, para votar en favor de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, se convino que no se llamaría Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, sino Instituto de Administración de Bienes y Activos.
