La corrupción fue calificada por el 56.7 por ciento de la población mexicana mayor de 18 años como uno de los problemas más graves, sólo por debajo de temas como la inseguridad y los niveles de delincuencia. Durante 2018 las cifras más altas de denuncia por corrupción se dieron en Sonora, México, Aguascalientes y Oaxaca.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer cifras oportunas al respecto de la incidencia de este delito, así como la cifra de denuncias y los modelos actuales para sancionarlo.
“La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y privadas y se define como el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima. Además, se caracteriza por ser un fenómeno multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y/o económicos”, describió el Inegi.
De las 32 entidades federativas, se recibieron 53 mil 762 denuncias “por la actuación indebida de los servidores públicos”, lo que se tradujo en una tasa nacional de 2.1 quejas interpuestas por cada 100 servidores públicos.
Pese a que Sonora obtuvo cifras de 13.8 denuncias por cada 100 servidores, 13 entidades recibieron menos de una queja y/o denuncia por cada 100 servidores públicos: Guerrero fue la que obtuvo menos denuncias con 0.1 quejas.
Del 100 por ciento de las reclamaciones, los buzones de quejas recibieron el 19.7 por ciento de ellas, seguido de las oficinas especializadas, con el 19.4 por ciento.
Las cifras de percepción de actos de corrupción se elevaron en 6 años, porque en 2011 el dato fue de 83 por ciento y en 2017 se ubicó en el 91.1 por ciento de la población.
Aunado a esto, en 2017 el 14.6 por ciento de la población expresó haber sufrido algún acto de corrupción y la mayor incidencia se localizó en la Ciudad de México, con el 20.1 por ciento; con el 17.6 por ciento, Quintana Roo; y Morelos con el 17.2 por ciento.
Guanajuato, Puebla, Veracruz y Colima tuvieron las tasas más bajas de prevalencia de actos de corrupción con el 9.0, 9.6 y 10.6, respectivamente.
“En 2017, a nivel nacional se observó un aumento de poco más de dos puntos porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto a lo estimado en 2015 y 2013”, informó el Inegi, pues la media nacional de 2013 ascendió a 12.1 puntos, en 2015 a 12.6 y en 2017 a 14.6 por ciento.
Las mayores incidencias a nivel nacional fueron con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad o trámites en el Ministerio Público, con el 59.5, 30.7 y 25.1por ciento, respectivamente.
“En 2017, 82.6 por ciento de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito”, destacó el informe del Inegi.
La respuesta más común para evitarlo fue que se consideró inútil o que no tendría seguimiento, por el 26.4 por ciento de la población consultada. El 20.6 por ciento consideró que se trataba de una pérdida de tiempo y el 5.4 dijo no hacerlo por desconocimiento de las instancias para realizarlo. De estos datos destacó que el 15.1 por ciento se benefició de este delito.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
El Instituto afirmó que a lo largo de los últimos años, en México se realizaron diversos acuerdos para enfrentarlo, “la más reciente ocurrió en 2015 cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”
“Durante 2018, 30 entidades realizaron capacitaciones en materia de anticorrupción y a nivel nacional se acreditaron 178 mil 069 servidores públicos en materia anticorrupción”, apuntó Inegi.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 destacó como objetivo central la erradicación de la corrupción del sector público “como elemento clave para el desarrollo”, por tanto, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 ha propuesto atender las causas y efectos de este delito combatiendo los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno federal.
Otros aspectos recuperados por la Administración federal fueron la promoción de la eficiencia y eficacia de la gestión pública; la profesionalización; la gestión eficiente de los recursos humanos; así como el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.
“Entre las entidades con menor avance en la armonización se encuentra Veracruz con cuatro normativas pendientes; Nayarit, Chihuahua, Tlaxcala y Coahuila con tres, siendo la Ley de Responsabilidades Administrativas la que en siete estados aún no se había promulgado al cierre de 2018”, afirmó el Inegi.
Los Sistemas Locales Anticorrupción requieren la incorporación de un Tribunal de Justicia Administrativa, que al cierre del año pasado, sólo 31 entidades había conformado y 30 ya habían designado una Fiscalía Anticorrupción u homologa.
De las 29 entidades que en 2018 contaron con un Programa de Desarrollo Estatal (PDE) para combatir la corrupción, 24 indicaron que la anticorrupción y el control interno de la administración pública eran ejes rectores y tres más incluyeron uno de los dos temas como eje rector de sus instrumentos.
“De las 26 entidades que incluyeron el tema de combate a la corrupción en su PDE, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco no contaron con un instrumento programático específico”, destacó el informe. Al momento de la elaboración, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro y Sonora estaban en proceso de integrarlo.
En total, 17 estados en el país con un programa anticorrupción en 2018.
Declaración patrimonial; el área de compras del Gobierno; y las áreas donde se canalizan las solicitudes de apoyo de programas sociales, fueron prioritarias para las entidades que buscaron combatir la corrupción.
“Personal acreditado en los temas de control interno, código de ética y declaración patrimonial fueron los que un mayor número de entidades reportaron tener, siento el tema de rendición de cuentas el menos presente entre las entidades federativas”, dictó el documento.
DENUNCIAS INTERPUESTAS
El año en el que más quejas se interpusieron fue 2016, con un incremento de 29.3 por ciento respecto de 2015. Entre 2014 y 2018, la Ciudad de México y Jalisco recibieron la mayor cantidad de denuncias.
“Cabe resaltar el caso de Sonora que en 2018 se coloca como la segunda entidad con más quejas recibidas, con 9 mil 504, poco más del doble que las recibidas por la Ciudad de México en el mismo año”, destacó la entidad.
El mayor porcentaje de denuncias se recibió por medios electrónicos o a distancia, con el 39.4 por ciento.
Además, en 2018, se abrieron 11 mil 193 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, el 59.3 por ciento del total; el 28 por ciento estuvo compuesto por investigaciones de auditorías y el 12.7 por denuncias iniciadas por oficio.
La Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo concentraron casi el 50 por ciento de las investigaciones iniciadas en el país.
Los principales tipos de faltas graves por las que hubo sanciones fueron negligencia administrativa y omisión de la declaración patrimonial, así como conflicto de interés.
Las penalizaciones a servidores por faltas graves fueron a 505 personas en el estado de México; 119 en Baja California; 110 en Ciudad de México; 47 en Oaxaca; 43 en Sonora; 10 en Tabasco; 3 en Jalisco y uno en Baja California Sur.
“A manera de aproximación, por cada 100 denuncias recibidas por las administraciones públicas estatales en 2018 hubo 13 servidores públicos sancionados”, puntualizó el Inegi.
