Ocho de cada 10 compras realizadas por el gobierno federal se realizan por adquisición directa, pues hasta noviembre de este año el Ejecutivo Federal ha adjudicado de manera directa 77 por ciento de sus contratos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Hasta noviembre de 2019, CompraNet reporta que la administración actual adjudicó de manera directa 77 por ciento de sus contratos. Porcentaje superior al de sexenios anteriores, ya que entre 2010 y 2018, el promedio de contratos adjudicados de manera directa fue de 72 por ciento”, destaca el informe presentado por el IMCO, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
En dicho informe, el IMCO resaltó tres temas que se debe de mejorar nuestro país en sus compras públicas para cumplir con el Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC, por sus siglas en inglés) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Estos son: poner la licitación pública como la principal modalidad de contratación al momento de realizar una compra pública, fortalecer los mecanismos de impugnación en estos procesos y mejorar los mecanismos de control social.
El documento señala que México tiene pendiente reforzar los mecanismos de impugnación de los fallos, lo que incluye la posibilidad de impugnar en casos de adjudicación directa, pues sostiene que es necesario que las empresas interesadas en venderle al gobierno, y otros actores relevantes, puedan reclamar inconformidades en los procedimientos de compra, incluso cuando estas no hayan sido invitadas a participar en el proceso.
Recomienda mejorar los mecanismos de control social, ya que en todas las fases de contratación pública, desde la planeación hasta su ejecución, son necesarias herramientas de evaluación y vigilancia de cumplimiento con la normatividad.
El IMCO señala como una necesidad impulsar, revisar y reforzar la tipificación del cohecho internacional para mejorar los mecanismos de detección, investigación y sanción del delito, pues resalta que, de 1999 a diciembre del 2017, México inició únicamente tres investigaciones en contra de empresas, pero ninguna de ellas derivó en sanciones de algún tipo. Caso contrario a distintos países signatarios de la convención de la OCDE que sí han empleado sus leyes de cohecho internacional.
“En Estados Unidos, las autoridades han sancionado a 125 empresas por este delito, Alemania ha generado 11 sanciones, los Países Bajos y el Reino Unido 7, entre otros países que han sancionado de una a seis empresas”, indicó el IMCO.
Así mismo, el Instituto sostiene que México no ha cumplido con sus compromisos internacionales contra la corrupción durante décadas y aseveró que las políticas implementadas durante el primer año del actual gobierno federal no están alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales.
En este sentido, propone alinear la estrategia anticorrupción actual con los compromisos internacionales adquiridos, pues recuerda México es participe vigente y está comprometido a cumplir las acciones establecidas en tres convenciones internacionales: Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC); Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anti cohecho); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC o Convención de Mérida).
Igualmente, hace un llamado a destinar los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas anticorrupción nacional y locales, así como de las fiscalías anticorrupción, pues sostiene que un aspecto clave para la reducción de la corrupción es la existencia de instituciones sólidas que lleven a cabo sus actividades sin ningún tipo de barreras.
Para este último punto, recomendó incrementar el presupuesto de dichas instituciones y organismos, ya que señaló que en los últimos años ha habido recortes de más del 20 por ciento en el presupuesto destinado al Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de que su creación es considerada una buena práctica por los organismos internacionales.
El IMCO también apuntó la necesidad de dotar de independencia y autonomía a los órganos e instituciones que se encargan de combatir la corrupción para que cumplan con sus responsabilidades de manera transparente e imparcial, al resaltar que “el control de la corrupción no puede partir de una aplicación selectiva de la ley”.
A su vez, convocó a consolidar los sistemas estatales anticorrupción, al garantizar que no sean capturados por las fuerzas políticas locales y proporcionar suficientes recursos económicos que permitan el cumplimiento de sus obligaciones, así como fortalecer las autoridades estatales y locales para tener la capacidad de detectar casos de soborno en el extranjero e irregularidades en los procesos de contratación pública.
Lo anterior, señala, por medio de líneas de cooperación y de denuncia con las autoridades federales e internacionales.
