La organización Child Rights International Netword (Crin) presentó el informe llamado La tercera oleada: justicia para los sobrevivientes de abuso sexual infantil en la iglesia católica de América Latina. En ese reporte, México se presenta como el país con más denuncias contra sacerdotes por abuso sexual.
El reporte indica que:
“En febrero de 2019, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes de México declaró que había lidiado con unos 550 casos de abusos sexuales. El mismo año, la Iglesia católica mexicana reveló haber suspendido a 152 sacerdotes de sus tareas religiosas en los últimos nueve años por sospechas de abusos sexuales a niños y niñas, pero no reveló ninguno de sus nombres, ni si los casos se habían remitido a las autoridades civiles.”
Después de México, que encabeza la lista, sigue Chile con 243, Argentina con 129 y Colombia con 137. No obstante, el reporte informa que se desconoce si los inculpados enfrentarán algún proceso legal.
“En ocasiones los únicos datos disponibles son aquellos proporcionados por la Iglesia católica (por ejemplo, en Brasil, Guatemala, México o Uruguay). Sin embargo, la Iglesia oculta sistemáticamente la identidad de los acusados y no remite los casos a las autoridades civiles.”
La Crin informa que la Iglesia Católica ha tratado de acallar estos casos de abuso sexual infantil en América Latina, trasladando a los sacerdotes a otros países, ofreciendo pagar a las víctimas y familias, minando la credibilidad de víctimas, con manipulación o ejerciendo presión en los medios de comunicación para que se informe del asunto.
(Imagen: EFE)
El informe también habla sobre la legislación para denunciar estos casos y resalta mejoras en países como México. Sin embargo dice que “solo en una minoría de países es obligatorio denunciar abusos sexuales presuntos o confirmados a niños o a niñas en varios entornos”.
Concluyen que es necesario que se establezcan mecanismo para poder alcanzar la justicia y la rendición de cuentas, como serían la creación de comisiones para investigar los casos de abuso sexual, que se involucren organismos de derechos humanos independientes y que la Iglesia se abstenga de investigar para no manipular los procesos.
