Cientos de miles de colombianos marcharon este jueves en las principales ciudades del país para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz, detener los asesinatos de líderes sociales y garantizar la vigencia del actual régimen salarial y de pensiones.
En la jornada de protestas, que paralizó la mayoría de actividades productivas del país, participaron sindicatos, organizaciones sociales, colectivos de estudiantes y maestros, grupos de víctimas y partidos políticos de diversas tendencias que le dieron a las movilizaciones un carácter transversal y pluralista.
De esta forma, Colombia se suma a otros países de la región agitados por las movilizaciones sociales, entre ellos Chile, Ecuador y Bolivia.
De hecho, en la masiva protesta de este jueves en Bogotá se escucharon gritos de solidaridad con el movimiento social de Chile que exigen una nueva Constitución al presidente de ese país, Sebastián Piñera, y se vieron pancartas de respaldo a esa causa.
Además, grupos de estudiantes y manifestantes de etnias indígenas expresaron a lo largo de la marcha su rechazo al “golpe de Estado” contra Evo Morales en Bolivia, donde el primer presidente indígena de ese país renunció el pasado 10 de noviembre luego de que el alto mando militar y policías amotinados lo orillaron a hacerlo.
Los organizadores del paro nacional acusaron al gobierno del presidente colombiano Iván Duque de falta de voluntad política para cumplir los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, para detener los asesinatos de líderes sociales, dirigentes indígenas y excombatientes de ese antiguo grupo insurgente y para dar respuestas ante la crisis social.
El desempleo en Colombia llegó en septiembre pasado a 10.2 por ciento, una de las tasas más altas de los últimos años, y sectores del gobernante y ultraderechista partido Centro Democrático (CD) han sugerido reducir el salario mínimo “para crear más empleos” y subir la edad de jubilación, que ahora es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres.
Las centrales obreras y organizaciones sociales han advertido que viene un “paquetazo” del gobierno para hacer realidad estas reformas, lo que el presidente Duque ha desmentido.
Pero Duque, quien llegó al poder de la mano del expresidente y líder del CD, Álvaro Uribe, es un gobernante muy debilitado por la sombra de su mentor político y por su baja popularidad. Es rechazado por el 69 por ciento de los colombianos, según la firma Gallup.
Presionado por el sector más radical de su partido, que es un enconado adversario del acuerdo de paz con las FARC, Duque no ha mostrado interés para sacar adelante aspectos clave de ese pacto, como una reforma rural, el reparto de tierras a campesinos pobres y el otorgamiento de curules especiales en el Congreso a las víctimas del conflicto armado.
Al mismo tiempo, en Colombia han sido asesinados 647 líderes sociales y 137 excombatientes de las FARC desde la firma de los acuerdos de paz, hace tres
años.
Y a esto se le suman recientes escándalos en el gobierno de Duque que han indignado a amplios sectores de colombianos. El más grave es un bombardeo contra un campamento de un grupo criminal en el suroriente del país en el que murieron varios niños, algo que el anterior ministro de Defensa, Guillermo Botero, intentó ocultar.
La muerte de los menores (el gobierno dice que fueron ocho y los habitantes de la zona hablan de 18) se conoció a principios de este mes durante una audiencia en el Congreso y cuando un periodista le preguntó del asunto a Duque, este respondió “¿De qué me hablas, viejo?”, una frase que se volvió viral en redes sociales.
Decenas de manifestantes portaban en la marcha de este jueves pancartas con esa frase y las respuestas eran: “te hablo de asesinatos de niños”, “te hablo de desempleo”, “te hablo del paquetazo’ neoliberal” y “te hablo de la matanza de líderes sociales”, entre otras.
Las masivas movilizaciones transcurrieron en lo general con tranquilidad, aunque con incidentes aislados de encapuchados que atacaron estaciones del transporte público, edificios gubernamentales y negocios y que se enfrentaron con la policía antimotines.
En los días previos a la movilización, fuerzas de seguridad allanaron varios locales de organizaciones sociales, grupos estudiantiles y hasta medios de comunicación alternativos. La Procuraduría consideró ilegales varios de estos operativos y desarrolla una investigación para determinar responsabilidades.
