La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó que sí tiene una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el pasado jueves presentó su renuncia al cargo.
De acuerdo con el jefe de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la denuncia contra Medina Mora es por una presunta triangulación de recursos.
“Tenemos una denuncia presentada contra el señor Medina Mora de (presunta) triangulación de recursos”, detalló Nieto Castillo.
El anuncio fue hecho durante la firma de un convenio de la UIF con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Baja California.
Medina Mora ha sido señalado por presuntamente recibir transferencias millonarias desde el extranjero, según versiones que citan una alerta del gobierno de Estados Unidos. El pasado jueves, el ministro presentó su renuncia al cargo a pesar de que le faltaban casi 11 años para concluir su periodo en el máximo tribunal.
Nieto Castillo añadió que las decisiones de Medina Mora como ministro de la SCJN cercenaron las atribuciones de la UIF respecto al mecanismo de congelamiento de cuentas que la unidad hace a quien investiga por presuntos actos de lavado de dinero, lo que ha generado que dicha instancia haya descongelado alrededor de 2,000 millones de pesos a “presuntos tratantes, políticos corruptos e incluso narcotraficantes”.
“Lo que he cuestionado es que cómo a partir de una jurisprudencia impulsada por él, una contradicción de criterios, donde él contradice su criterio del 2016 contra el del 2019… cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que se ha reflejado en 2,000 millones de pesos que han sido desbloqueados a presuntos tratantes, presuntos políticos corruptos, presuntos narcotraficantes”, detalló Nieto Castillo.
El encargado de la UIF apuntó que en mayo pasado, Medina Mora resolvió que el bloqueo de cuentas por parte de la UIF es constitucional, siempre y cuando provenga la solicitud del congelamiento de recursos por parte de una instancia internacional; sin embargo, cuando se trate de una instancia nacional, se le da la facultad a un juez de distrito de poder conceder una suspensión provisional de dicho congelamiento.
“Existen muchos jueces, cercanos al ministro Medina Mora, que han ordenado el desbloqueo de recursos… Cuando sucede el desbloqueo, inmediatamente las personas (investigadas por la UIF), sean políticos o narcotraficantes, retiran el dinero de las cuentas”, detalló Nieto Castillo.
El funcionario de la UIF indicó que de acuerdo con estándares internacionales, especialmente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es necesaria la inmovilización de activos de presuntos delincuentes de forma inmediata, una vez que se inicie una investigación.
El congelamiento de cuentas se deriva en una instrucción de la UIF para solicitar que una persona que es investigada por presunto lavado de dinero, ingrese a la lista de personas bloqueadas y así no pueda acceder a sus recursos que tiene en el sistema financiero.
Esta medida, que se ha aplicado desde el 2014, tuvo una resolución en el 2017, por parte de la SCJN, sobre su inconstitucionalidad, pues se determinó que dicha acción transgrede el principio de presunción de inocencia y además la Secretaría de Hacienda, por medio de la UIF, realiza acciones facultadas, de investigar y perseguir delitos, que sólo puede realizar un Ministerio Público.
Sin embargo, en el transcurso de este año, la SCJN, resolvió que el mecanismo de congelamiento de cuentas sólo es constitucional si la petición proviene de algún órgano internacional, como parte de los acuerdos que México ha firmado en aras de la cooperación internacional ante la investigación de un delito.
Con información de El Economista
