Los partidos de oposición consideraron que estas legislaciones se negociaron con otros grupos de interés y fuera de la Cámara de Diputados, además que son contrarias a lo que se aprobó en abril pasado, cuando se votó la reforma al artículo 3 de la Constitución.
Aquí algunos de esos cambios:
Ley General de Educación
Obligación de los padres
La ley señala que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación y considera a la Educación como un servicio público sujeto a la rectoría del Estado.
Además, fomenta la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de todos los actores involucrados en el proceso educativo. También contempla que es “obligación de los mexicanos y mexicanas hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria”.
Eliminación del INIFED
La Ley General de Educación abroga la Ley General de Infraestructura Educativa y por ende del INIFED, el organismo que se encarga de la administración de los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles, y de coordinar la atención de los inmuebles ocasionados por desastres naturales, como lo hizo en el caso de los sismos de 2017.
Para los legisladores del PRI, PAN, MC y PRD esto causa preocupación debido a que se prevé que sean los comités de padres de familia, directivos y docentes de cada plantel, propuestos por López Obrador para dar los recursos directamente a estos sin intermediarios.
La diputada Kheila Ku, de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que no puede recaer esa responsabilidad en los padres de familia o personas que no son técnicos o especialistas de los requerimientos.
Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros
Pase automático de plazas
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros se establece “una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta ley”.
Para los partidos de oposición esto contraviene el artículo 3 de la Constitución, que señala que los procesos deberán ser transparentes y públicos, además que deben ser equitativos. Esta fue una de los puntos que la CNTE afirmó que negoció con el presidente.
Asimismo, en la iniciativa inicial se señalaba en el Artículo 49 que la admisión al servicio de educación básica se realizará mediante procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, “los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales”.
Adiós a las evaluaciones
Pese a que la LGSCM preveía evaluaciones diagnósticas en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, en el dictamen aprobado se establece un “sistema que permita apreciar los conocimientos necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios”.
La intromisión de la CNTE y el SNTE
La misma Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros plantea que en la admisión, promoción y reconocimiento la participación de las autoridades educativas de las entidades federativas y de las representaciones sindicales se realizará en un proceso público tripartita en el que se den a conocer los resultados de la ponderación.
Un sistema para la bolsa de trabajo
La Ley plantea la creación de un Sistema Abierto y Transparente de Plazas, manejado por la Federación, en el cual se registrarán las vacantes por parte de los directores de las escuelas, de los superiores jerárquicos en el plantel educativo y de las autoridades de las entidades federativas.
Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación
El Estado debe garantizar apoyo a maestros
La ley plantea que el Estado debe garantizar lo necesario para que dicho personal en la Federación, entidades federativas y municipios, tengan opciones de formación, capacitación y actualización de los docentes, cuyos contenidos deberá ser elaborados con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales, así como las condiciones de vulnerabilidad social.
El texto dispone que la participación de las autoridades educativas de las entidades federativas y de las representaciones sindicales se dará en un proceso público tripartita en el que se den a conocer los resultados de la ponderación del proceso de promoción.
Aquí sí hay evaluaciones
Esta legislación contempla que las evaluaciones diagnósticas serán formativas e integrales y consisten en procesos mediante los cuales se formulan juicios fundamentados en evidencia, sobre las cualidades de los actores, institutos o procesos del Sistema Educativo Nacional, con el objetivo de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación.
El artículo 20 señala que “la evaluación diagnóstica será un proceso para apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, para detectar las fortalezas e identificar sus áreas de oportunidad, las cuales serán atendidas a través del sistema integral de formación, capacitación y actualización”.
Estas evaluaciones, en ningún caso tendrán efecto sobre la permanencia en la plaza de las maestras y los maestros, que fue uno de los principales reproches a la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto y que según los diputados de Morena lastimó mucho al magisterio.
