Buscan legisladores de Acción Nacional mayor presupuesto para brindar condiciones que permitan a las autoridades ser más competitivas y eficientes en el desempeño de su labor en el combate a la inseguridad.
Porque los sonorenses merecen vivir seguros, el legislador Gildardo Real Ramírez solicito en pleno una reforma que dota de mayor presupuesto a los órganos que intervienen tanto en el ejercicio de la Seguridad Publica en el Estado, como la impartición y administración de justicia, es decir, la Secretaria de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial del Estado de manera conjunta.
Lo anterior es con el objeto de establecer un límite menor garantizado en la ley, no menor al 12% del total del presupuesto de egresos del gobierno del estado para con ello, brindar las condiciones necesarias para que las autoridades encargadas de la seguridad publica en el estado así como la administración e impartición de justicia, cuenten con herramientas que les permitan ser más competitivos y más eficientes en el desempeño de su labor, encaminada al combate de la inseguridad.
Gildardo Real Ramírez indicó “para darle dimensión a lo que proponemos, este aumento al 12% representaría 3 mil millones de pesos adicionales a lo que se usa hoy en seguridad. Es un aumento de alrededor del 30% que podría aplicarse en la Fiscalía para tener mayor alcance y mejor procuración de justicia; en la Secretaría de Seguridad para tener una policía mucho más fuerte, más capaz y también para contar con más y mejores juzgados”.
Como ejemplo, este dinero podría utilizarse para contratar 2 mil policías estatales con un sueldo promedio de 15,250 pesos mensuales. Podrían comprarse Mil patrullas tipo pickup, 4 mil nuevos rifles AR15 y 4 mil nuevos chalecos antibalas para equipar a los policías. Permitiría tener más y mejores ministerios públicos para atender a las víctimas del delito. Al igual, significaría más jueces mejor capacitados para impartir justicia de forma expedita. Podrían abrirse 50 nuevos juzgados con un costo anual de 12 millones de pesos cada uno y proveerlos de mobiliario, equipo, materiales y suministros y las 700 plazas nuevas que estas instancias implicarían. Esto también aumentaría en un 30% la capacidad del poder judicial del estado.
Todo lo anterior tendría un costo operativo anual aproximado de 1,852 millones de pesos y dejarían un remanente de 1,148 millones de pesos que podrían utilizarse para gasolina, capacitación, reforma de los ministerios públicos, mejoramiento de instalaciones e infraestructura, mejorar las condiciones laborales de los policías incluyendo seguros de vida, becas para sus hijos y otras prestaciones.
El legislador señalo, “como podemos ver, esta modificación en la ley le daría al estado la capacidad de fuerza necesaria para prevenir, combatir y perseguir el delito de forma contundente, este aumento representaría una verdadera transformación en la forma en que nos protegemos y perseguimos justicia en Sonora”.
