El 21 de febrero de 2019, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Hermosillo concedió el amparo y protección de la justicia federal en favor de las comunidades quejosas, después de cinco años de juicio y siete años de acompañamiento del grupo de asesores.
El magistrado reconoció que quedan nulos todos los actos relacionados con la presa, comenzando con la Manifestación de Impacto Ambiental y el mismo permiso de construcción de la obra.
La Tlacuila Animal Politico
Dia de publicación: 2019-09-16
Jesús Armando Haro, profesor investigador del Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora, lleva casi 40 años en contacto con los guarijíos de Sonora y en los últimos ocho ha fungido como su asesor en el tema de la presa Bicentenario (tema del cual escribí aquí, aquí y aquí en 2013). El problema continúa y esta semana me envió un texto donde hace un recuento sobre el mismo y presenta la situación actual. Aquí va.
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Conocí a los guarijíos en 1980, cuando me asignaron una plaza de médico pasante en servicio social en la Unidad Médica Rural de Burapaco, del programa IMSS-COPLAMAR. Durante un año de estancia entre ellos me percaté de que a pesar de padecer de desnutrición, mortalidad materno-infantil, y algunas enfermedades infecciosas y parasitarias, los guarijíos estaban más sanos que la mayoría de los mexicanos pues era muy baja la prevalencia de enfermedades crónicas o mentales. Esto me hizo virar hacia la medicina familiar en un primer momento y más tarde hacia las ciencias sociales, puesto que advertí que necesitaban de apoyo básico de tipo preventivo, pues vivían muy de cerca con la naturaleza y de los recursos que les brindaba el monte.
Diez años después, ya como investigador en El Colegio de Sonora, tuve la oportunidad de actualizar el diagnóstico con el apoyo de otros colegas de otras instituciones y disciplinas. Averiguamos que el perfil de salud se había modificado sustancialmente, pues con la dotación de tierras ejidales que tuvo lugar en 1980-81 entró la modernidad a la región, dotándola de caminos, escuelas, tienda de abarrotes y centro de salud; más tarde llegaron la electricidad y la televisión, los refrigeradores y los automóviles propios. También llegaron los narcos y comenzó la siembra y el tráfico de mariguana, pese a lo cual nunca han logrado remontar su situación de pobreza extrema. En salud, nuestros resultados arrojaron el predominio de las muertes violentas, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el alcoholismo y la diabetes, que coexistían con las llamadas enfermedades del rezago epidemiológico que ya padecían desde antes.
Cuando en 2011 los guarijíos nos llamaron a una compañera antropóloga y a un servidor para asesorarlos en el asunto de una nueva presa en el río Mayo que afectaría sus tierras ejidales, en lo personal me pareció que un embalse podría ser benéfico para ellos. “El agua es vida y mucha agua será mucha vida”, pensé entonces, pero comencé a indagar los impactos socioambientales de las presas y cambié de opinión, pues los reportes en la literatura distan mucho de ser halagadores. Por ello conformamos un grupo de asesores (entre ellos Ramón Martínez Coria, Alejandro Aguilar Zéleny, Scott Robinson, Horacio Lagunas y otros y otras que prefirieron que no apareciera su nombre) involucrados en el proceso de gestión y defensoría que comenzamos a construir desde aquel momento.
Pese a que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se inmiscuyó en el asunto con muy buena voluntad, logrando abrir el diálogo entre los promotores del gobierno estatal sonorense y municipal de Álamos y los guarijíos entre septiembre y noviembre de 2012, los resultados fueron desastrosos, puesto que los acuerdos no se respetaron. No se entregó el proyecto oficial, mucho menos traducido a su lengua; tampoco se abandonó una estrategia de manipulación, compra de voluntades y amenazas, que caracterizó desde entonces la gestión de los “preseros”, un mote que los guarijíos acuñaron para etiquetar a los muy variados personajes que han venido trabajando a favor de que se construya la presa y que los guarijíos cedan sus territorios para el funcionamiento del embalse.
Se trata de dos grupos cuyos terrenos van a ser inundados: el Ejido Guarijíos-Burapaco, con 51.1502 hectáreas, y la Sociedad de Producción Rural de San Bernardo, con 70.0000 has. (además de otros tres ejidos que también serán afectados). Todo el proceso de gestión de la presa ha estado plagado de corrupción, irregularidades e impunidad. Desde su planteamiento para control de inundaciones en el Valle del Mayo, la aprobación por parte de SEMARNAT de un manifiesto de impacto ambiental fraudulento y excesivamente parcial, realizado por funcionarios de la misma Comisión Estatal del Agua (CEA), promotora oficial de la obra, hasta la asignación de la misma a una compañía constructora conocida por obtener trato favorito, la aprobación de partidas presupuestales por parte del Congreso legislativo y la gestión de políticos que también son empresarios con intereses en el proyecto. Además, se sabe que la nueva presa serviría a compañías mineras, cuyos agentes recorren desde hace años el territorio serrano.
Todo esto ha sucedido a pesar de que nunca se llevó a cabo el procedimiento de consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada que marcan nuestras leyes cuando se trata de territorios indígenas. Los promotores se dedicaron a conseguir las firmas de los gobernadores tradicionales, incluso de aquellos que pertenecen a comunidades que no serán afectadas con la inundación, aunque el daño que va a ocasionar la presa afectará no solamente a todo el territorio guarijío, sino a toda la cuenca del Rio Mayo.
Desde el 8 de octubre de 2013, los guarijíos interpusieron un recurso de amparo en contra de la construcción de la presa Pilares (Exp 3484/2013), contra el gobierno del Estado, SEMARNAT, CONAGUA y el DR038. Este juicio de amparo indirecto se interpuso justamente por la violación al derecho colectivo de los guarijíos a ser consultados en los términos del Convenio 169 de la OIT y al Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre impartición de justicia a los pueblos indígenas. A pesar de ello, la presa comenzó a construirse y los guarijíos, con nuestra ayuda, consiguieron denunciar el hecho de no haber sido tomados en cuenta cuando este embalse va a trastocar profundamente su modo de vida. Acudieron a la propia CDI, a la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la SEMARNAT y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la SEGOB. También denunciaron el caso ante la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Nada de esto ha conseguido parar la construcción de la presa.
El 21 de febrero de 2019, con gran sorpresa para todos nosotros, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Hermosillo concedió el amparo y protección de la justicia federal en favor de las comunidades quejosas, después de cinco años de juicio y siete años de acompañamiento del grupo de asesores. El magistrado reconoció que quedan nulos todos los actos relacionados con la presa, comenzando con la Manifestación de Impacto Ambiental y el mismo permiso de construcción de la obra.
En el plano nacional, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, parecía que las perspectivas eran favorables para reestablecer un proceso de consulta en el que actualmente CONAGUA, SEMARNAT y el INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) se encuentran implicados y obligados a realizar. Sin embargo, desde hace aproximadamente un mes, los funcionarios estatales y federales de CONAGUA y SEMARNAT se han encargado de preparar este proceso bajo la guía de las instancias que promueven desesperadamente el reinicio y la conclusión de la obra, suspendida –en teoría, aunque tenemos reportes de que realizan trabajos nocturnos- como efecto del amparo ganado. Paradójicamente han logrado que las autoridades tradicionales de los guarijíos se manifiesten a favor de la obra, a cambio de recibir un fideicomiso que cuenta con apenas 13 millones de pesos y que serán repartidos en proyectos entre cinco grupos, gracias a que un abogado que trabaja para la CEA (Comisión Estatal del Agua) y que se ofreció a ayudarles con los trámites desde el año pasado a cambio de cobrarles el 15 por ciento de honorarios. Esta oferta ha mantenido divididos internamente a los núcleos del Ejido Burapaco y a la SPR, no habiendo conseguido hasta ahora consenso para aceptar o no esta oferta, pues la mayoría espera el efecto del amparo ganado.
El pasado 31 de agosto se publicó una nota en El Diario del Yaqui, donde “Gobernadores de la Etnia Guarijío solicitan que personas externas de la comunidad indígena se mantengan al margen de los acuerdos tomados democráticamente por los miembros y autoridades tradicionales, con el fin de que la Presa “Los Pilares” continúe su construcción y los compromisos pactados con el gobierno del Estado se cumplan lo más pronto posible”. Además manifiestan que el único gobernador que actualmente se mantiene en resistencia (José Romero) firmante del amparo, es ilegítimo y que debe retirar la denuncia, cuando paradójicamente es el único de los actuales gobernadores que tiene reconocimiento del TRIFE, gracias a un juicio que lo reconoció en enero de 2014, al igual que al gobernador del Ejido Guarijíos-Burapaco, quien prefirió cambiar de bando y por ello fue destituido por la asamblea comunitaria desde el 2 de octubre de 2018.
Por su parte, CONAGUA ya nos advirtió que los asesores no seremos bienvenidos en el proceso de consulta a los guarijíos, con lo cual bien podemos asegurar que auguran un “asalto en despoblado”, dado que las consecuencias que tiene una presa, esta presa en particular, son impactos complejos y diferenciales, difíciles de discernir y anticipar, mismos que llevamos indagando desde hace más de siete años.
Con el propósito de hacer saber a la opinión pública, compartimos un cuadro que puede servir para atisbar cuales son los daños previstos y las medidas factibles de remediación, indemnización y mitigación. Dado que en la retórica política de la llamada Cuarta Transformación (4T) advertimos tanto señales de avance como de estancamiento en el tema de los derechos indígenas y el desarrollo sostenible, consideramos que nuestros aportes son relevantes y no deben ser soslayados por no proceder de la propia comunidad, desde donde recibimos continuamente llamadas que solicitan nuestro apoyo.
Las asambleas están conscientes de la gravedad de la amenaza; sin embargo, siguen divididas por la intervención violenta y directa de sicarios y funcionarios corruptos que trabajan al servicio del interés privado que quiere la presa a cualquier costo. Sabemos que la actual administración política federal está bajo una enorme presión del gran capital financiero para que siga facilitando el despojo territorial y biocultural de las comunidades indígenas tradicionales; del otro lado, el movimiento de resistencia de los pueblos en defensa de sus patrimonios sigue y se expande, la sociedad civil organizada y los académicos comprometidos con los bienes comunes y el interés público somos corresponsables en alianza con ellos para definir nuevos horizontes con las mejores prácticas.
