Caja Libertad de servicios financieros (Cuartoscuro)

Un juez federal vinculó a proceso al ex presidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, y a José Antonio Vargas Hernández, ex socios del abogado Juan Collado Mocelo.

La Fiscalía General de la República los imputó por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Preventivo Norte dio un plazo de seis meses para que la FGR realice su investigación complementaria.

El juez decretó prisión preventiva oficiosa contra los imputados, por lo que permanecerán internos en el Reclusorio Preventivo Norte.

La semana pasada el juzgador calificó de legal la detención de los indiciados por parte de la Policía Federal Ministerial, cuyos elementos los localizaron en Matehuala, San Luis Potosí.

En la carpeta de investigación que integró la FGR contra Juan Collado se menciona constantemente a José Antonio Rico de haber cometido diversos delitos.

El empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa fue quien denunció ante la FGR a Collado y el resto de los detenidos. Afirmó que los propietarios de Caja Libertad supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Las declaraciones que realizó Bustamante se basan en comentarios de otras personas, entre ellas de José Antonio Rico. Según Bustamante, Rico le comentó sobre la existencia de un esquema para lavar dinero de operaciones fraudulentas a través de cuatro empresas fachada.

Bustamante acusó de formar parte de dicha red a José Antonio Vargas, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y a Tania Patricia García Ortega.

“Durante el tiempo que laboré en Libertad Servicios Financieros fui testigo presencial de algunas o muchas anormalidades, la mayor parte derivada de la ambición de (su ex socio José Antonio) Rico Rico por enriquecerse, obvio, en algunas de ellas, las personas cercanas resultábamos beneficiadas”, declaró Bustamante.

Orden La orden de aprehensión contra Rico Rico y Vargas Hernández fue librada el 6 de julio pasado.

A finales de agosto de este año, un Tribunal Federal ratificó el auto de vinculación a proceso dictado contra el abogado Juan Collado Mocelo, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fue emitida por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México.

Su detención derivó porque Sergio Hugo Bustamante denunció a Collado por haber recibido 24 millones, de 156 millones de pesos, en 2015, producto de la venta de un terreno de su propiedad. El empresario era socio de Libertad Servicios Financieros.