Tras la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, principal involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, lamentó esto e informó que a la fecha han sido liberados 53 de los 142 detenidos.
En conferencia, cuestionó al juez de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, para dictar una sentencia absolutoria en favor de El Gil, así como por desestimar 44 pruebas en contra del sospechoso por el delito de secuestro y sólo analizar 162 de los 791 tomos de averiguación.
Cuestionó que, si bien no se aplicó la prueba de audiometría, la entonces Procuraduría General de la República aplicó el Protocolo de Estambul para determinar que éste y otros detenidos no habían sido torturados, no obstante, el juez consideró que sí hubo un delito contra el detenido por lo cual lo dejó en libertad.
“El juez tendrá seguramente una gran interpretación de la ley, pero no va a poder explicar este acto de injusticia con las víctimas”, manifestó el funcionario federal.
Encinas Rodríguez consideró que con esta sentencia podrían obtener también su libertad otros 50 detenidos ligados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos durante la noche y la madrugada de los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
“(La liberación de El Gil) es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada y la cual viene a fortalecer una tendencia que se había registrado con la libertad de otros detenidos”, advirtió.
Al ser cuestionado sobre la “Versión Histórica” manejada en el gobierno anterior, el subsecretario de la Segob aseguró que ésta se construyó con base “simulación, tortura y en contra de derechos de las víctimas”.
Lamentó que por la mala integración en la investigación, ahora 50 de 142 detenidos podrían obtener su libertad, lo que es una muestra de que dicha versión “choca con la realidad” y que no se garantiza la justicia a las víctimas.
Ante esta situación, el funcionario federal anunció que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y al Consejo de la Judicatura Federal para así se investigue a servidores y jueces para deslindar responsabilidades en este caso.
Además, exhortó a la FGR a rencausar las investigaciones por este hecho, que en días próximos cumplirá cinco años sin ser resuelto, y así dar con todos los responsables de cometer el crimen y contra quienes violaron el debido proceso y fabricaron pruebas, incluidos Tomás Zerón y José Murillo Karam.
“En el momento en el que se acrediten la fabricación de pruebas va a alcanzar a todos los responsables de este dictamen”, dijo.
