Los menores que quedan huérfanos a causa de feminicidios ven truncado su entorno familiar y pierden su estabilidad emocional.
En México solo 238 huérfanos por feminicidio reciben atención del Estado como víctimas de la violencia, aunque se reconoce que cada año, en la última década, hay por lo menos 3 mil niños y niñas cuya madre fue víctima de homicidio por odio.
Los 238 menores huérfanos están en 11 de las 32 entidades: Michoacán (96), San Luis Potosí (64), Morelos (31), Coahuila (13), Jalisco (10), Chihuahua (9), Durango (6), Yucatán (5), Querétaro (2), Oaxaca (1) y Veracruz (1). Son los únicos estados del país que reportaron atender a huérfanos por feminicidios.
Otros ocho estados —Baja California Sur, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala— dijeron tener cero casos. El resto, no cuenta con información.
A nivel nacional, tampoco existe un registro. Apenas en julio pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) anunció que realizará un censo para informar en 2020 del número exacto de niños y niñas huérfanos por este delito. Su cálculo inicial indica que, en los últimos ocho meses, fueron 3 mil 400 niños, y que esa es la tendencia anual, pero no hay una cifra oficial.
Animal Político solicitó a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas de la Violencia y a cada Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) en las entidades los registros de huérfanos víctimas de feminicidio, que han recibido atención desde 2012.
En ningún caso hay información desde ese año, pues los estados comenzaron a registrar los casos desde 2015. Reconocen que los niños y niñas que quedaron huérfanos por feminicidio antes de ese año no son ni serán atendidos como víctimas de la violencia.
En entrevista para Animal Político, Gail Aguilar, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), explicó que la inexistencia de una base de datos nacional y la disparidad de casos entre una entidad y otra, se debe a que no existe una ley que obligue a los estados a llevar un registro de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio.
Aunado a esto, Gail detalló que la Ley General de Víctimas, que ampara a estos menores bajo la figura de víctimas indirectas, es una ley en materia concurrente. Esto significa que cada entidad tiene la facultad de establecer sus reglas de aplicación, decidir cómo trabajarán sus comisiones y realizar los registros que crean pertinentes.
“Básicamente, cada entidad federativa va marcando sus ámbitos de competencia de acuerdo a su legislación, y es por eso que cada órgano estatal tiene una forma distinta de llevar a cabo este registro”, añadió Gail.
Invisibles para el Estado
Carlos, Uriel y Fernanda tenían 5, 4 y 2 años, respectivamente, cuando su padre, Bernardo López, asesinó a su madre Nadia Alejandra Muciño el 12 de febrero de 2004, en el Estado de México. No solo son víctimas de la violencia feminicida del país, también son víctimas del Estado que no los reconoce como tal.
Su abuela María Antonia, madre de Nadia, se hizo cargo de ellos, pagando su educación y tratamientos psicológicos. Desde que su madre fue asesinada hace 15 años, no han recibido apoyo del Estado.
Apenas en 2013 se creó la Ley General de Víctimas y en 2014 se conformó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que nació para atender y apoyar a las víctimas de un delito federal o de violación a sus derechos humanos, con el fin de que éstas obtengan “verdad, justicia y reparación del daño”.
En 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) inició un registro anual de feminicidios. Desde enero de aquel año a mayo de 2019 suman 3 mil 17 feminicidios y 9 mil 892 mujeres víctimas de homicidio doloso.
El Inmujeres dijo en julio pasado que se han usado esos datos del SESNSP para hacer una estimación inicial del número de huérfanos por feminicidio, que deberían recibir atención del Estado.
El instituto hizo este cálculo al multiplicar los homicidios dolosos y feminicidios de mujeres entre noviembre de 2018 y abril de 2019, por la tasa de natalidad, que según datos del INEGI es de 2.21 hijos por mujer.
El Inmujeres dijo a Animal Político que revisarán los expedientes de muertes violentas de mujeres en el periodo mencionado, para generar un registro de huérfanos con los datos que proporcionen las 32 fiscalías y procuradurías del país, aunque ese registro será solo una muestra.
Se espera que para mayo de 2020 se tengan los resultados de esta muestra.
