Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, y el Comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio, encabezaron la sesión de trabajo con la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Dentro de los acuerdos alcanzados en esta reunión se estableció, por unanimidad, continuar con el tema de seguridad pública como un espacio de neutralidad política; el despliegue de la Guardia Nacional en las entidades federativas, así como de elementos de la Defensa Nacional, de Marina y Policía Federal que son coadyuvantes en tareas de seguridad pública al amparo del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional.
Se comprometieron a integrar un grupo de trabajo para revisar el esquema operativo bajo las cuales han venido funcionando las mesas de seguridad estatales y regionales de seguridad, con el ánimo de eficientarlas. El interés del gobierno es convertir estas mesas en los ejes operativos de la estrategia de seguridad pública
Se acordó trabajar en el Modelo Nacional de Policía, como el segundo gran pilar de la seguridad pública en el país, después de la Guardia Nacional. Además de revisar la fórmula de distribución de los recursos federales a estados y municipios destinados a la seguridad, particularmente del FASP y del FORTASEG, también los recursos estatales del FORTAMUN.
El objetivo es incrementar el 20% que tienen actualmente hasta el 50% destinado exclusivamente a tareas de seguridad pública, lo que efectivamente permitiría alcanzar un fondo de 42 mil millones de pesos a nivel nacional para el mejoramiento de las policías.
Finalmente se habló sobre uno de los elementos esenciales de la Estrategia Nacional contra las Adicciones: la prevención. Se ha englobado bajo el lema “Juntos por la Paz”, y que en esencia busca cambiar el paradigma bajo el cual se han combatido las adicciones en el país. Se trata de visualizar el problema como una cuestión de salud pública, antes que como un problema de seguridad o como un problema policial.
