Se cumplen cinco años del mayor desastre ambiental que haya ocasionado la industria minera en el país. El 6 de agosto del 2014, la empresa Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, municipio de Cananea, recorriendo el caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi.
Alrededor de 25 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures sufrieron graves afectaciones; muchos de ellos a su salud o su patrimonio. El derrame perjudicó actividades económicas de la región, como la agricultura, la ganadería y la venta de productos regionales.
El Fideicomiso “Río Sonora”, creado con el propósito de invertir en acciones para la reparación del daño de las comunidades afectadas y la neutralización de las aguas contaminadas, fue declarado extinto el 2 de febrero del 2017 por las autoridades ambientales del gobierno de Enrique Peña Nieto, con el argumento de que ya se habían cumplido las acciones del Programa de Remediación.
Sin embargo, esta declaratoria dista de la realidad que se vive en pleno 2019, pues las secuelas aún son graves y, en muchos casos, irreversibles. De los 2 mil millones de pesos que Grupo México se comprometió a pagar para el fideicomiso, sólo aportó el 61%, es decir, mil 231 millones de pesos. Además, la administración de los recursos de este fideicomiso brilló por su opacidad y corrupción.
En cuanto a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, cuyo objetivo era atender la salud de las personas afectadas, quedó inconclusa su construcción. De las 36 plantas de tratamiento de agua para eliminar de metales pesados, sólo se instalaron dos, pero no funcionan.
A cinco años de esta catástrofe que dejó personas enfermas, sin trabajo, otras sin un hogar digno, el grupo minero sigue ocasionando daños irreversibles al medio ambiente y a las comunidades. El pasado 9 de junio, su filial Mexicana de Cobre provocó el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en las aguas del Mar de Cortés.
La SEMARNAT contabiliza 22 desastres provocados por Grupo México en 20 años de operaciones; entre ellos, la explosión sucedida en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila.
En la Cámara de Diputados, nos hemos pronunciado ante las violaciones reiteradas por parte de Grupo México, prueba de ello, el 21 de febrero del año en curso se aprobó un exhorto en el que se solicitó a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo una auditoria de los recursos del fideicomiso “Río Sonora” y, en caso de haber irregularidades, sancionar a los funcionarios responsables.
Asimismo, el pasado 17 de julio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se aprobó un exhorto en el que solicitamos a la SEMARNAT, la COFEPRIS y la PROFEPA atender el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés y continuar con el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población afectada por el derrame del 6 de agosto.
El grito de justicia es una exigencia vigente, la empresa no puede seguirse enriquecido con cargo al medioambiente y la salud de las personas.
En los próximos días, se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabra el caso del derrame del Río Sonora de 2014.
Como sonorense y representante popular, tengo confianza en que el máximo órgano jurisdicción dicte sanción ejemplar a Grupo México y obligue a la reapertura del fideicomiso.
A cinco años de impunidad:
¡Exigimos Justicia!
