URES, Son. (apro).- La atención médica que reciben las personas afectadas por el macro derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi concluirá la próxima semana, según un convenio de concertación de acciones firmado entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las subsidiarias de Grupo México, Buenavista del Cobre SA de CV y Operadoras de Minas e Instalaciones Mineras SA de CV.
Milton Martinez / Proceso
El documento, que se encuentra en el portal oficial de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), en el hipervínculo denominado “Fideicomiso Río Sonora”, detalla que el seguimiento epidemiológico se ofrecerá hasta el próximo martes 3 en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS).
Dicho informe consta de 17 páginas con 11 cláusulas, que a su vez se subdividen en seis apartados, y ofrece un panorama epidemiológico al 15 de septiembre de 2014 –cuando se firmó el acuerdo entre las partes–, donde se asentó que la vigilancia en pacientes sería para la detección de metales pesados en sangre y orina, como aluminio, cadmio, manganeso, arsénico, plomo y cromo.
El convenio fue signado por el otrora titular de la Cofepris, Julio Salvador Sánchez y Tépoz, y los representantes legales de Grupo México, Alejo Francisco Manzo Díaz y Juan José Cervantes Silva, en el número 14 de la calle Oklahoma, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en la capital mexicana.
El numeral 1, que define el “objeto del convenio”, puntualiza que éste podría “prorrogarse por acuerdo de ambas partes, considerando las necesidades”.
Sin embargo, ayer venció el término para la firma de una prórroga con la que se continuaría brindando atención a las víctimas, dado que en el mismo convenio quedó estipulado que ambas partes signarían otro a más tardar cinco días hábiles antes del 6 de agosto de 2019, cuando se cumplirán cinco años del mayor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.
En la UVEAS fueron atendidos 381 afectados, de los cuales nueve han fallecido. Las otras 372 personas bajo vigilancia epidemiológica enfrentan un futuro incierto.
El pacto en cuestión reduce a 400 el número de pacientes (200 “expuestos” y 200 “no expuestos”) que se serían atendidos bajo el criterio de “línea de gradiente de exposición” en orden de prioridad, es decir: Arizpe, Banámichi, Aconchi y Ures.
Y las únicas poblaciones donde se determinó aceptar a los afectados para darles seguimiento epidemiológico bajo el concepto de “no expuestos” son: Chinapa, Buenavista, Cumpas, Opodepe, Moctezuma, Rayón, San Miguel de Horcasitas y Pueblo de Álamos.
La atención selectiva, que no precisa criterios, ha generado un sinnúmero de controversias y malestares a lo largo de cinco años.
Joel López Villagómez, director de la UVEAS, reconoció que el término de los 15 años de atención médica como se tenía “establecido”, “pactado” o “avizorado” se redujo a una tercera parte. Y pidió “no descartar a aquellas personas que crean y que sientan algún malestar a su salud provocado por la ingesta de agua”.
López Villagómez explicó que los pozos ubicados a 500 metros de los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi fueron cerrados y en su momento monitoreados por Cofepris y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), pero se volvieron a abrir cuando se autorizó el uso del líquido para ingesta humana, cuando “se suponía” que los niveles estaban “normales”.
Finalizó: “No dudo que exista gente que se considere que tenga alguna afectación. Yo lo que hago es atenderlos”.
