Los asesores jurídicos explican que la Suprema Corte no tiene plazos para resolver las posibles impugnaciones, y que no necesariamente deben resolver antes de que el nuevo gobernador asuma el cargo.
El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, tiene vía libre legal para asumir la gubernatura del estado.
De acuerdo con asesores jurídicos del Congreso de la Unión, en primer lugar el artículo 112 de la Constitución de Baja California establece que una vez que el Congreso estatal ya ratificó la aprobación de la reforma constitucional para ampliar su mandato de dos a cinco años, los legisladores podrán ordenar la publicación del decreto en el Periódico Oficial de la entidad sin la intervención del Ejecutivo en turno.
Explican que este artículo evita el “veto de bolsillo” del gobernador; es decir, su facultad de frenar en forma indefinida la publicación de un decreto que no comparta.
Enseguida, a partir de la publicación del decreto, y de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución del estado, hay dos opciones para impugnar ante la Suprema Corte la reforma. Una es la controversia constitucional, que puede presentar el Ejecutivo local o alguno de los municipios, en un plazo de 30 días; y la otra, una acción de inconstitucionalidad, que podrán presentar los partidos políticos, también en un plazo máximo de 30 días, por la afectación a los derechos electorales de los ciudadanos.
Los asesores jurídicos explican que la Suprema Corte no tiene plazos para resolver, y que no necesariamente deben resolver antes de que el nuevo gobernador asuma el cargo.
Lo anterior debido –exponen los asesores jurídicos– a que “lo que se cuestiona no es el límite si no el término”. Precisan que “lo que se cuestiona no es el término de la gestión ni la reforma como tal, sino el momento del proceso de esa reforma. Y no es la primera vez que esto sucede, ya lo intentaron antes, igual que se hizo en otras entidades, como Puebla y Veracruz, y la Corte determinó por rechazar esos intentos de reformas”.
