Después del escándalo en Baja California quedan “engañados” y ganones

En tanto, analistas señalan que lo cierto y claro es que en este episodio hubo dos beneficiados, el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid, que pudo nombrar a una persona cercana a él como auditor del estado y el gobernador electo, Jaime Bonilla, que de concluir el proceso legislativo, ampliará su mandato.

Alrededor de las 21:00 horas del pasado 8 de julio, el Congreso de Baja California realizó una sesión extraordinaria para discutir tres temas: ampliar de dos a cinco años 10 meses el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la designación del Auditor Superior del Estado y discutir sobre el proceso de selección de tres comisionados del Instituto de Transparencia local.

Inicialmente llegaron 19 de los 25 diputados que integran el poder legislativo. El diputado presidente, Edgar Benjamín Gómez Macías, sometió a votación la lectura y aprobación del orden del día. Al aprobarse, se procedió a darle la palabra al diputado de Morena, Víctor Manuel Moran Hernández, quien “ante la urgencia y obvia resolución”, pidió la dispensa del trámite de la iniciativa para modificar el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante decreto No. 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014.

A continuación, el diputado morenista procedió a dar lectura a la iniciativa. Pasando 11 minutos, el legislador dijo que en virtud del tiempo solicitaba que el texto integro de la iniciativa fuera publicado al diario de los debates, y así pasar a la lectura de los resolutivos, entre los que se ampliaría el periodo de dos años de la próxima gubernatura y quedaría como sigue: “Para efecto de la concurrencia de la elección de gubernatura del Estado con el proceso electoral federal del 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024”.

Se abrió el tiempo para debatir, sólo el diputado del PAN, Miguel Antonio Osuna Millán, se pronunció en contra de ampliar el periodo, pues afirmó que esa medida generaría desconcierto en la ciudadanía que salió a votar por un gobernador de dos años, no de cinco.

Debido a que no hubo ningún otro diputado que fijara su posición a favor o en contra, el presidente de la mesa directiva sostuvo que concluido el debate, se solicitaba a los ya 22 diputados presentes a emitir su votación por cedula y en orden alfabético.

Fueron 30 minutos los que tardó el proceso para ampliar el periodo a la gubernatura de Baja California.

A prácticamente dos semanas de ese cambio constitucional, ninguno de los 21 diputados que aprobaron la ampliación ha querido hablar. A algunos ya se les expulsó de su partido, otros se declararon independientes y otros más hasta de vacaciones se fueron.

En tanto las dirigencias nacionales partidistas afirman que “fueron engañados” por sus diputados, que se trata de un atentado contra la democracia, por lo que una vez publicada la reforma interpondrán una acción de inconstitucionalidad e incluso pedirán juicio político contra esos “traidores”.

Hasta ahora hay al menos tres versiones que explican lo que ocurrió en esa sesión nocturna de la saliente XXII legislatura del Congreso de Baja California. La primera es que se trató de un pacto entre el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid, y el entrante, Jaime Bonilla Valdez, en la que el PAN apoyaría la ampliación de su periodo a cambio de ser éste quien nombrara al Auditor Superior del Estado y el PRI a cambio de colocar a alguien a fin en la Comisión Estatal de Derechos Humanos; que el gobernador entrante compró por un millón de dólares el voto de cada legislador, o que fue la misma dirigencia nacional encabezada por Marko Cortés quien “le dio línea” a sus diputados.

Nos engañaron nuestros diputados dice CEN del PAN

La presidenta nacional de Morena Yeidckol Polevnsky, dijo que la ampliación del periodo que gobernará el todavía gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez ocurrió porque así lo pidió la gente.

Aseguró que la gente está cansada de tanta elección, e incluso opinó que eso tendría que cambiar.

En tanto, Héctor Larios Córdova, secretario general del PAN, afirmó que el mismo lunes, antes de la sesión extraordinaria del Congreso, la dirigencia nacional tuvo contacto con su bancada en Baja California, así como con la dirigencia estatal. Los legisladores panistas les informaron que en esa sesión no sería votada ninguna ampliación, pero aún así, la dirigencia les pidió abandonar la sesión.

“Respondieron con engaños diciendo que no iban a votar. Para tener seguridad les pedimos que se salieran des salón solamente tres se salieron y luego cuando conocimos que se había tomado la decisión de votar en secreto por cédula cuando las votaciones por cédula son para elegir personas, no para votar leyes”.

En entrevista, el dirigente panista sostuvo que no aunque no tiene seguridad en que los diputados recibieron dinero, no hay duda que fueron corrompidos porque seguramente a cambio de su voto les prometieron “futuro político”, sin importar que con su decisión violaron los principios democráticos.

Dijo que la instrucción desde la dirigencia fue clara: salirse de la sesión. De los 12 diputados del PAN, solo tres lo hicieron, y uno de éstos, regresó a fijar su posicionamiento en contra: Miguel Antonio Osuna Millán.

Por ello, el PAN ya inició ante la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista el proceso de expulsión de siete de los nueve diputados que votaron a favor, pues los otros dos aunque fueron postulados por el blanquiazul no son militantes.

Abundó que al PAN le avergüenza la actitud de sus compañeros bajacalifornianos.

Para Larios, aunque no es claro quién está detrás de la forma de actuar de los diputados, el gran beneficiario es Jaime Bonilla Valdez.

Descartó que el gobernador saliente tenga alguna responsabilidad en la forma en que votaron los diputados de Acción Nacional.

“El actual gobernador, Kiko Vega, ha anunciado desde el principio que él no va a publicarla, tiene 10 días para hacerlo, todavía el Congreso no se la manda, pero también ha anunciado que va a emprender una controversia constitucional, de manera que a mí me parece que acredita en los hechos que no estuvo de acuerdo en esa reforma”.

El panista señaló que esta situación les preocupa porque puede sentar un pésimo antecedente para que algún otro Congreso modifique a conveniencia la duración de cierto gobernador, o incluso a nivel federal.

Si el congreso de Baja California puede alargar el periodo de su gobernador, entonces también el Congreso de mayoría de Morena, por ejemplo, del Estado de México puede votar para que se reduzca el periodo del gobernador Alfredo del Mazo o en Jalisco pueden comprar diputados para que reduzca el perdido del gobernador Alfaro. Esto es un duro golpe a la democracia, lo que necesitamos ver son las implicaciones que tiene esto y desde luego que sentar un precedente que es terrible para el país y estamos obligados a combatirlo.

PRD va por acción de inconstitucionalidad y juicio político para diputados de BC

Estephany Santiago, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD, afirmó que interpondrán una acción de inconstitucionalidad y un juicio político contra todos los diputados que votaron en a favor de la ampliación de dos a cinco años de periodo como gobernador de Jaime Bonilla Valdez.

En entrevista, consideró que la modificación aprobada por los diputados el pasado 8 de julio fue un atentado contra la democracia, y contra los principios de la Constitución del estado.

“Es un albazo por parte del Congreso local, esto atenta contra la decisión que tomó la población el pasado 2 de junio, y sólo para beneficiar a un personaje de un partido político, en este caso es evidente que la mayoría de Morena se quiere beneficiar, aun pasando encima de la soberanía y de la propia Constitución”.

El PRD solo tenía una diputada en el Congreso de Baja California. Se trata de Rocío López Gorosave, integrante de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, quien votó a favor de la ampliación del periodo del próximo gobernador. El pasado 11 de julio, la legisladora presentó su carta de renuncia al PRD y se declaró diputada independiente.

Estephany Santiago afirmó que además de presentar un recurso de inconstitucionalidad, buscarán que se realice un juicio político a todos los diputados porque es evidente que su decisión es violatoria de todo ordenamiento.

“Nuestra acción de inconstitucionalidad tiene que proceder, las leyes son muy claras, no son de ocurrencias ni a modo, nos debe asistir la justicia”.

Dijo que si bien hay otras fuerzas políticas que han manifestado su interés en interponer recursos de anticonstitucionalidad, por el momento el PRD presentará la suya solo.

Afirmó que además de no respetar la decisión de quienes votaron por un gobernador de dos años, la modificación realizada por el legislativo de Baja California deja abierta la posibilidad de que en algún otro estado se replique una situación similar.

Es un atentado a la democracia, y sería una regresión automática a la falta de respeto a las decisiones que tiene la ciudadanía. Esto pudiera generar la ocurrencia a cualquier otro estado que le beneficie hacer modificaciones en los congresos a modo, estamos hablando de que este país dejaría de tener leyes, democracia y soberanía, sostuvo.

El PRI anunció que iniciará un proceso para expulsar de sus filas a los cinco diputados de esa organización que votaron en favor de la iniciativa de Morena y los exhibió en un anuncio espectacular colocado en el centro de Ensenada, donde junto a sus fotos se leía “desconocemos a estos diputados por traicionar al PRI”.

El pacto fue ampliación de periodo, por nombramiento de auditor superior: académico

Para Víctor Alejandro Espinoza Valle, director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera, lo que sucedió en Baja California solo tiene una explicación: hubo un pacto para que a cambio de ampliar el periodo de la gubernatura del morenista Jaime Bonilla el PAN nombrara al próximo auditor del estado, quien le cuidará las “espaldas” a Francisco Vega.

El especialista refirió que una vez que el Congreso local aprobó que la gubenratura encabezada por Jaime Bonilla tendrá una duración de cinco años, se procedió a nombrar a Carlos Montejo como auditor del estado por un periodo de siete años.

“El auditor es gente cercana al gobernador. Le va a cubrir las espaldas. Es evidente que el gobernador salió ganando, gana un auditor que es amigo de él… El gobernador se protegió, al menos va atener a alguien que le va a cuidar mucho las espaldas”.

En tanto, el PRI, también obtuvo una ganancia, a cambio del voto de sus legisladores, podrá colocar a alguien afín en la Comisión estatal de los derechos humanos

En entrevista, el también analista político consideró que detrás del actuar de los diputados que aprobaron la ampliación del mandato, hubo línea de sus dirigencias.

Comentó que él tuvo oportunidad de seguir la sesión del Congreso, percatándose que el lenguaje corporal de los diputados reflejaba que estaban actuando mal.

“Había una sensación así de incomodidad muy fuerte, muy grande. Incluso algunos diputados jugaban con el celular, veían para el otro lado, osea no querían estar ahí”.

Uno de los primeros actos que llamó la atención, refirió, es que cuando el diputado Víctor Morán inició con la lectura de la iniciativa, solicitó al presidente dispensarla y pasar a los resolutivos directamente, ofreciendo que la propuesta integra sería incorporada al diario de los debates. Otro más, es que nadie, salvo un el diputado Miguel Osuna Millán, quiso exponer si estaba o no a favor de la iniciativa.

Además, dijo, fue de llamar la atención la forma en que votaron: mediante cédula, cuando este tipo de votación generalmente se utiliza para nombramientos.

Para el experto, sabiendo cómo funciona el sistema político mexicano, es claro que hubo línea de la dirigencia de Acción Nacional hacia sus diputados.

“Las bancadas no obedecen a los ciudadanos, obedecen a los dictados de su fracción. Normalmente lo deciden en línea y en base a esa línea lo que se discuta, ellos votan a favor o en contra, como les dicen. Evidentemente la instrucción era votar a favor”.

Espinoza planteó que al ver el alud de críticas por la votación de los panistas, la dirigencia nacional se deslindó, criticó sus diputados, e incluso informó que serían expulsados.

Todo mundo sabe que los diputados del PAN, por lógica, están muy ligados al gobernador Francisco Vega, entonces mi hipótesis es que los chamaquearon, les dijeron esa es la línea y cuando ven que bien el alud de críticas, sabes qué pues control de daños. Ellos cargaron el muertito, porque el PAN o el PRI a nivel nacional no iban a decir: nosotros dimos la orden o estamos a favor; era evidente que les había salido mal el juego en ese sentido.

Agregó que las dirigencias nacionales se lavaron las manos, porque es claro que los diputados no se hubieran ido “por la libre”.

Fue una negociación por puestos clave

Para Juan Miguel Hernández, analista en Baja California, lo que explica la ampliación del periodo es un presunto pacto entre el gobernador entrante Jaime Bonilla con los legisladores de oposición, o entre mandatario saliente, Francisco Vega de Lamadrid y su sucesor.

En entrevista, explicó que la misma noche que se aprobó el cambio de dos a cinco años en la dirigencia, fue nombrado a Carlos Montejo como titular de la Auditoria Superior del Estado por un periodo de siete años.

Por ello es que para muchos actores políticos y analistas en la entidad eso fue una negociación por puestos clave. Esa cuestión de la gubernatura fue una negociación para que el auditor quedara en manos del PAN y la Comisión de Estatal de Derechos Humanos quedara en manos del PRI.

Miguel Hernández, refiere algunas versiones que dicen que la negociación pudo darse directamente entre el gobernador entrante y los legisladores locales, pues trasciende que se les ofreció hasta un millón de dólares por su voto. O pudo ser entre mandatarios, quizá en la reunión que sostuvieron hace algunos días como parte del proceso de transición.

Lo que trasciende es que parte de las negociaciones fue dame la ampliación a la gubernatura con tus diputados, porque fueron diputados del PAN los que hicieron que pasara esto, y yo doy cierta inmunidad en ese tiempo porque prácticamente durante toda la campaña no había día en que el gobernador electo decía que lo podía meter a la cárcel, que lo iba a investigar.

En ese sentido, recordó que incluso la Auditoria Superior de la Federación detectó que el gobierno de Franciso Vega desvió mil 432 millones 351 mil 69 pesos.

Línea del tiempo

Episodios de una ampliación forzada

• 17 de octubre de 2014. El Congreso de Baja California aprobó una reforma político-electoral en la que se incluyó la figura de candidaturas independientes, la reelección y que el periodo del próximo gobernador fuera de dos años, ello para empatar el proceso local con el federal en 2021.
• 26 de febrero de 2019. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) ordenó ampliar el periodo de la gubernatura de dos a cinco años.
• 28 de marzo de 2019. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la determinación del TJEBC, y ratificó que la duración de la gubernatura sería de dos años.
• 3 de abril de 2019. Jaime Bonilla Valdez Jaime Bonilla presentó un juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales ante el Tribunal Electoral del Estado en contra de la decisión de disminuir el periodo de gobierno a dos años.
• 7 de mayo de 2019. El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California aprobó que el periodo de gobierno tendría una duración de seis años, y no de dos, como lo había determinado el TEPJF.
• 29 de mayo de 2019. La Sala Superior del TEPJF revirtió la determinación del Tribunal Electoral de Baja California que había aprobado que la duración de la gubernatura sería de seis años y confirmó que sería de dos.
• 8 de julio de 2019. Convocados a una sesión nocturna, 21diputados del Congreso de Baja California aprobaron la ampliación del periodo del próximo gobierno de dos a cinco años.
• 9 de julio de 2019. El ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, anunció que vetaría la disposición del Congreso local y no la publicaría en el Periódico Oficial del Estado.
• 11 de julio de 2019. El PAN expulsó formalmente a siete diputados locales del Congreso de Baja California por aprobar la reforma a la Constitución local: Carlos Torres Torres, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Alfa Peñaloza Valdez y José Félix Arango.
• 12 de julio de 2019. El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, afirmó que no le preocupa las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en contra de la ampliación del periodo. “Yo no soy abogado ni voy a tratar de ser experto en el tema, eso se lo dejamos a los abogados”, aseveró.