Hermosillo, Sonora.- Al igual que hace unos meses varias diputadas y diputados exigimos justicia ante el Pleno de la Cámara de Diputados por el derrame del Río Sonora en el 2014, que vulneró la salud y la seguridad de miles de familias y quienes aún no han accedido a medidas de reparación del daño; de nueva cuenta, enérgicamente hoy condeno los hechos ocurridos el pasado martes 9 de julio en la Terminal Marítima de Grupo México, localizada en Guaymas, Sonora, donde se vertieron 3 mil litros de ácido sulfúrico en las aguas del Mar de Cortés.
El responsable de este desastre es otra vez Grupo México, empresa minera con actividad en el estado, la cual, mediante comunicado de prensa publicado ayer 10 de julio, avisó que el “accidente” -como nombraron lo ocurrido- fue ocasionado por la falla de una válvula con la que se purgaba la sustancia contaminante, asegurando que la situación ya estaba controlada.
Sin embargo, aún no hay evidencia oficial en que autoridades como la SEMARNAT y la PROFEPA confirmen lo dicho por la empresa. No podemos darnos por satisfechos con el informe de la compañía que provocó esta catástrofe, pues sería lo mismo que considerarla juez y parte del problema; todavía menos cuando la misma tiene antecedentes similares y sobre los cuales no ha habido justicia.
El hecho ocurrido el 6 de agosto del 2014 y que todavía es doloroso para las y los sonorenses, cuando la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales venenosos en los ríos Sonora y Bacanuchi; sin mayor sanción a la empresa minera que comprometerse a financiar un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para reparar los daños medioambientales y a las comunidades afectadas. No obstante, en la operación de este fideicomiso prevaleció la opacidad y la falta de rendición de cuentas, demostrando ser una mera simulación.
Ese ecocidio dejó nuestros ríos con daños irreparables y no aptos para consumo humano. Las comunidades aledañas han sido víctimas de las injusticias; muchas personas sufren afectaciones graves a su salud por el consumo de agua contaminada. Las fuentes de empleo que circulaban gracias a la existencia de los ríos, simplemente han desaparecido, obligando a las familias a desplazarse.
La protección medioambiental de Sonora debe ser una prioridad para las autoridades estatales y federales. Muestra de ello es que el pasado 3 de julio, la UNESCO colocó a las islas y áreas protegidas del Golfo de California dentro de la lista roja de los sitios Patrimonio de la Humanidad, debido a la inminente extinción de la vaquita marina.
Como diputada federal y como sonorense, exijo a las autoridades llevar a cabo una evaluación de la catástrofe medioambiental del Mar de Cortés de forma ágil, transparente y con estricto apego a los derechos humanos, a fin de hacernos saber el estado real que guarda la zona afectada y los riesgos para la salud de las personas y de las especies de flora y fauna.
Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convino retomar el juicio contra Grupo México por los daños al medio ambiente y a la salud durante lo ocurrido en los ríos Sonora y Bacanuchi. Con lo sucedido este martes, el Estado es necesario llevar a cabo una investigación para determinar y sancionar las responsabilidades administrativas y penales en que la compañía pudo haber incurrido, así como garantizar la reparación integral del daño para las comunidades afectadas.
