Nos abandonaron, es un retroceso, un acto retroactivo y nos deja en un estado de indefensión’, reclama el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Hugo Ruiz Lustre.

A pesar de ser uno de los principales compromisos de campaña, la atención a la población con alguna discapacidad pasó al olvido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nos abandonaron, es un retroceso, un acto retroactivo y nos deja en un estado de indefensión”, reclama el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Hugo Ruiz Lustre, de Morena, el primer diputado federal invidente.

Recuerda que desde el Proyecto Alternativo de Nación se estableció un “Estado de Bienestar”, que incluye aumentar al doble la pensión a los adultos mayores, incluidos los jubilados y pensionados del ISSSTE y del IMSS, “y todas las personas con discapacidad”, hasta con dos mil 550 pesos que serán entregados bimestralmente, cuya meta es alcanzar la atención de dos millones de discapacitados.

Sin embargo, reprocha que hoy la respuesta ha sido “desde la Secretaría del Bienestar, ordenar la desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad(Conadis), y convertirlo sólo en una dirección, dependiente de la Subsecretaría de Bienestar”.

Con lo anterior, la aplicación de más de cinco mil millones de pesos para becas, programas de apoyo y la atención a discapacitados, contenidas en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, está en el aire; desde diciembre de 2018 está pendiente el nombramiento del director del organismo y la encargada de despacho también fue despedida.

“Si el Gobierno federal tiene la postura de desaparecer el organismo, que lo haga, pero que dé una alternativa legalmente viable para seguir apoyando a las personas con discapacidad”, se queja el legislador.

Advierte que es indispensable un órgano rector para la operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar, apoya a niñas, niños y adolescentes, así como jóvenes que tienen discapacidad permanente, y población indígena de 0 a 64 años.