CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Bajo el polémico plan “Quédate en México”, lanzado por el presidente estadunidense Donald Trump en enero pasado, las autoridades de Estados Unidos ya devolvieron 15 mil 79 solicitantes de asilo centroamericanos a México, donde aguardan que un juez de migración decida su suerte.
Tan sólo entre el 13 y el 24 de junio, las autoridades estadunidenses devolvieron 3 mil 157 solicitantes de refugio a México, al ritmo promedio de 287 personas por día. El trámite en las cortes de migración de Estados Unidos puede alargarse durante varios meses, y las probabilidades de conseguir protección internacional son escasas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), desde enero pasado 6 mil 611 personas fueron devueltas a Ciudad Juárez, otras 5 mil 300 se encuentran en Tijuana y 3 mil 168 solicitantes de asilo fueron enviadas a Mexicali después de acudir ante las autoridades de Estados Unidos.
En diciembre pasado, el gobierno mexicano aceptó que el gobierno de Trump aplicara de manera “unilateral” la medida llamada Protocolos de Protección a Migrantes (PPM) –mejor conocida como el plan “Quédate en México”– , y ello con el afán de evitar problemas en la relación bilateral con Estados Unidos.
En ese entonces, el canciller Marcelo Ebrard declaró que México acogería a los solicitantes de asilo devueltos como respuesta “humanitaria” a la decisión de Trump, y ello a pesar de que organizaciones de la sociedad civil urgieron al gobierno mexicano a que se negara en convertirse en “filtro migratorio” de Estados Unidos.
El plan “Quédate en México” fue ampliado durante las negociaciones que se llevaron a cabo a principios de junio en Washington, y en las cuales el gobierno mexicano se comprometió ante Trump a reducir “significativamente” y en 45 días el flujo migratorio hacia Estados Unidos, para evitar la imposición de un arancel sobre los productos mexicanos.
“Quédate en México” es una versión aligerada de un estatus de Tercer País Seguro (TPS), que el gobierno de Trump trató de imponer a México durante las negociaciones. Bajo un TPS, México no sólo acogería a los solicitantes de asilo durante el tiempo del trámite, sino tendría la obligación de otorgar y garantizar la protección internacional.
