CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – Ante el fracaso de la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador para que civiles acudieran a integrarse como agentes a la Guardia Nacional –sólo se presentaron seis solicitudes-, oficiales adscritos a la Policía Federal, constituyen la única esperanza para que este 30 de junio el mandatario pueda cumplir.
Desde que tomó posesión, una y otra vez desacreditó a la Policía Federal como la peor corporación policial del país, hoy, sus miembros, son obligados a formar parte de la Guardia Nacional sin siquiera consultarles. Antes, son concentrados en los campos militares de la Ciudad de México, en donde personal del Ejército valora si cumplen con los requisitos.
Quienes a criterio de los mandos militares no cubren los “requisitos”, prácticamente arriba del avión que los trasladará a su nuevo destino laboral, son informados y obligados a firmar su comisión como agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Al que se niegue, sus superiores, simplemente, los amenazan con levantarles una acta administrativa por desacato, lo que implica quedarse desempleado.
Además, según el oficio ASG- expediente 6713, firmado por el militar Teniente Coronel Leonardo Daniel Villalobos Sánchez, -en poder de este semanario-, por instrucciones del General de Brigada D.E.M, Jefe de este Estado Mayor, advierte al personal militar que forma parte de la Guardia Nacional sobre el realizar “manifestaciones en forma dolosa a través de las redes sociales”:
“Que eviten hacer cualquier tipo de manifestación dolosa en contra del C. Presidente de la República a través de redes sociales o cualquier otro medio de comunicación ratificándoles que en su actual situación siguen sujetos a las Leyes y Reglamentos militares-“, si ello, sucede, advierte el documento, pueden ser sujeto de arresto o de la pérdida de sus beneficios laborales.
En estados como Chiapas, en donde agentes federales, militares y marinos ya fueron comisionados por el presidente López Obrador para contener el paso migratorio, laboran como integrantes de la Guardia Nacional, los policías federales son quienes asumen la responsabilidad de las puestas a disposición, pero los militares se niegan a asumir alguna responsabilidad, pues rechazan firmar como testigos.
Policías federales integrantes de la Guardia Nacional en este estado, quienes pidieron el anonimato, dieron a conocer un percance registrado la mañana del miércoles 19 de junio:
“Hoy por la mañana, la compañera de Migración detecta que en un vehículo particular viajaban personas con rasgos fisonómicos distintos a los mexicanos. Se le indica al chófer de la unidad que se orille para verificar la documentación, y la copiloto en todo momento alega que es mexicana. Al seguir entrevistándola al igual que a otra de las pasajeras, la empleada de Migración detectó que eran de origen centroamericano.
“Ella pidió el apoyo de compañeros de Fuerzas Federales y Seguridad Regional para poner a disposición al chófer del vehículo ya que los ciudadanos centroamericanos reconocieron que el chófer había sido contratado para llevarlas de un poblado a otro. Todo estaba bien, hasta que agentes federales pidieron a militares y marinos que participaran en la puesta a disposición como testigos. Dijeron que sí, sólo el militar manifestó que pediría instrucciones a su mando -algo ilógico ya que llegaron con carácter de Guardia Nacional-, sin embargo le ordenaron que no firmara”.
Para las esposas de los agentes federales como Vanesa Hernández, Estefanía Hernández y Janeth Pedroza, quienes son parte del grupo de familias que defienden los derechos de sus esposos, piden que sean tratados con dignidad y circulan en redes sociales, las condiciones “denigrantes” con que son tratados los agentes federales.
