Ciudad de México. El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración expresó su preocupación por el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de México y Estados Unidos que se traducirán en “la militarización de la frontera sur de México y en la participación de la Guardia Nacional en la detención migratoria. En ese sentido, manifestamos nuestro rechazo contundente a que, frente a la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos, se utilice a las personas migrantes como moneda de cambio”.
Mediante un comunicado el Consejo Ciudadano dijo que estos alcances del acuerdo se patentizan en la instalación de retenes militares en coordinación con agentes del INM. Así como las policías estatal y municipales de Chiapas.
“Resulta alarmante que en aras de impedir los aranceles, acción que hubiera tenido un impacto negativo también en la economía estadunidense, la política migratoria del gobierno mexicano se torne hostil contra las personas migrantes y sujetas a protección internacional y se negocie bajo la premisa de favorecer intereses que lesionan los derecho, lo que es muy probable que suceda a partir del despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional en el sureste del pais”.
Asimismo, plantearon su preocupación por la vulneración de derechos humanos de aquellas personas que “inevitablemente” irán a las estaciones migratorias, las cuales se verán saturadas ante el creciente aseguramiento de migrantes. Por ello, pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de que mantengan la observancia continua en dichos espacios.
El Consejo consideró que una consecuencia del acuerdo será que al aumentar la detención de migrantes los mecanismos de acceso a la regularización migratoria se verán afectados, “retrasando los procesos a los cuales tienen derecho a las personas migrantes y solicitantes de asilo en México de acuerdo con la Ley de Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político; la ley de Migración vigente; y los instrumentos de protección de los derechos humanos de los que nuestro país es parte”.
