Activistas. ‘Gongo’ es la figura usada por la Federación para redirigir a Conade o INEA, entre otros, dinero autorizado a civiles.
El gobierno federal se quedaba con más 50 por ciento del presupuesto destinado a organizaciones de la sociedad civil (OSC), por medio de una figura llamada Organización no Gubernamental Organizada por el Gobierno, conocida como Gongo por sus siglas en inglés, acusaron dirigentes de organizaciones civiles sin fines de lucro.
Los señalamientos son hechos luego de que el 14 de febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador oficializara por medio de una circular su decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindicatos o asociaciones filantrópicas, es decir, organizaciones no gubernamentales (ONG), con la intención de “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.
“Del monto total que dice el gobierno cada año que se gasta con OSC, más de 50% no son OSC. Sí están constituidas como asociaciones civiles por el gobierno, pero son lo que se conocen como Gongo; ejemplos para que lo entendamos: las federaciones deportivas que coordina la Conade, o sea el gobierno, los consejos de integración juvenil, el INEA… sí, ahí hay corrupción, pues es el propio gobierno es el que tendría que estar vigilando”, sostuvo Vladimir Peña Ramos, de la organización PCIMH.
De acuerdo con la Cuenta Pública 2018 del Instituto Nacional de Desarrollo consultada por MILENIO, durante el ejercicio fiscal 2018 el gobierno federal otorgó 6 mil 209 millones de pesos para el fomento de las OSC. Dicho monto habría sido repartido entre 10 mil 433 organizaciones, de acuerdo con el documento. Acorde con lo dicho por Peña Ramos, entrevistado por Carlos Marín en El asalto a la razón, del total de organizaciones civiles con derechos a obtener un apoyo económico de parte del gobierno, únicamente lo recibe 6 por ciento por medio de convocatoria pública y el resto se reparte “de manera discrecional”.
Jesús Godínez, presidente de la fundación Por Un Hogar, entrevistado por separado, coincidió en la dureza de los procedimientos de parte de las instituciones gubernamentales que estaban encargadas de repartir los apoyos entre las OSC por medio de convocatorias públicas y descartó que todas las organizaciones se beneficien ilegalmente del presupuesto asignado.
“Hay desconocimiento del gobierno federal… de que nada más te dan el dinero, que no lo comprobábamos, que hacíamos chanchullos. Cuando realmente somos fiscalizados”, dijo Godínez. Y ADEMÁS NO SE VALE GENERALIZAR Susana Barnetche y Pous, presidenta de la organización Renovación explicó también en el El asalto que el voluntariado que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en México nació de las necesidades que no son cubiertas por el Estado.
Lamentó también que, tras la decisión del presidente López Obrador de suprimir los apoyos a cualquier organización no gubernamental, se haya desatado una ola de descalificaciones contra los activistas que las encabezan. “No se vale que paguemos justos por pecadores… el voluntariado nace de la indignación”, finalizó.
