México.- Luego de que el pasado 15 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptara la resolución en favor del aborto en temas de salud, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión y llamó al Estado mexicano a adoptar medidas para garantizarlo.
En esta decisión se reconoce la obligación del sector de salud pública a prestar el servicio de interrupción del embarazo por razones de salud, lo que se suma a las adoptadas en 2018, cuando se consolidó el reconocimiento al derecho de las mujeres al acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto legal.
Remarcó que con base en ello, todas las instituciones que integran el sistema de salud están obligadas a prestar en tiempo y forma el servicio de interrupción del embarazo, pues ya forma parte de las obligaciones de protección al derecho a la salud.
Asimismo, ONU-DH refirió que esta resolución responde a las recomendaciones internacionales formuladas hacia México, principalmente a las del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el reciente el Examen Periódico Universal.
Finalmente, instó a las autoridades de salud pública a tomar las medidas necesarias para garantizar a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo en los casos que su salud se encuentra afectada, así como reiteró su compromiso con las autoridades mexicanas de brindar la cooperación y asistencia técnica que le soliciten.
La lucha de ‘Marisa’ por el aborto legal
Los antecedentes del aborto legal por cuestiones de salud, sucedieron luego de que la SCJN otorgara un amparo a una mujer a quien le fuenegado un aborto en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a pesar de que el embarazo afectaba su salud.
El amparo se le otorgó a la derechohabiente ´Marisa’, a quien elCentro Médico Nacional 20 de Noviembre, ubicado en la Ciudad de México le negó el acceso a la interrupción del embarazo en noviembre de 2013, a pesar de que el embarazo podía traerle complicaciones a su salud.
La SCJN también recalcó que la negativa supone un acto de discriminación y exclusión hacia las mujeres, reiterando un estereotipo sobre las mismas “como personas descartables o incapaces de tomar decisiones éticas y libres”.
