Las comisiones de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados adelantaron que tienen listo el dictamen que reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.
Las comisiones de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados adelantaron que tienen listo el dictamen que reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para castigar con uno y hasta nueve años de prisión, y multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, “a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas o medicamentos obtenidos ilegalmente”.
También dispone que “si el responsable fuese personal adscrito al sector salud, se le inhabilitará, a efecto de que no pueda ser contratado nuevamente”.
El documento contiene que, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, “tan solo el ilícito de la falsificación de medicamentos y su posterior venta le proveen a las organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad un monto que asciende a los 11 mil 500 millones de pesos de ganancias anuales”.
De tal forma –se añade– “se conoce que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, siendo superado sólo por China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil, en lo que se refiere a la venta de medicamentos de origen ilegal, afectando a 8 millones de personas”.
Indican los legisladores que estudios muestran que “60 por ciento de los medicamentos ofertados en los distintos canales de comercialización es robado, caduco, falsificado o ha sido elaborado sin observar los protocolos que debieran seguirse para tal efecto”.
Además, señalan que “se tiene conocimiento también que entre 50 y 90 por ciento de los medicamentos que se ofrecen a través de Internet son de origen irregular, y en lo que concierne a las entidades donde hay un mayor volumen de medicamentos ilegales, están Jalisco, Michoacán, Puebla y la Ciudad de México”.
Exponen que “entre los varios problemas de salud que enfrenta la población derechohabiente de los sistemas de seguridad social que ofrece el Estado mexicano, podemos agregar, sin lugar a dudas, el del desabasto de medicamentos, cuyos orígenes son diversos”.
“Ya sean las limitaciones económicas que enfrenta dicho sistema, donde convergen la desatención presupuestal por parte de las autoridades responsables, además del incremento de la población atendida y el mayor número de los padecimientos crónico-degenerativos, el panorama ha adquirido dimensiones que requieren de su atención inmediata”, advierten.
“Las modalidades de la sustracción de medicamentos que llevan a cabo distintos actores, entre otras, las efectuadas en no pocas ocasiones por el personal adscrito al sistema referido, ha provocado inocultables casos de la falta de medicamentos oportuna en muchos hospitales y clínicas”, remarcan.
A “este problema –expresan–, que afecta la salud de las personas, se agrega el daño al erario, causado por actitudes transgresoras de la ley. Ello, aunado a la existencia de un ‘mercado negro’ donde se ofertan muchos de estos medicamentos”.
