Vulnerables. Los cárteles prefieren a los menores porque son fáciles de enganchar y en caso de ser detenidos enfrentarán una pena mínima; al salir los reclutarán otra vez o sus familias se verán amenazadas.
La primera vez que el jefe ordenó matar a alguien, Hugo se ofreció como voluntario. Tomó a cuesta sus 17 años, jaló el gatillo y la pólvora hizo el resto. Ese día comenzó su vida como sicario de un cártel en Tamaulipas.
Al crimen le gustan así: chavitos, fáciles de deslumbrar, de manipular, ágiles y fuertes para enviarlos a plomearse con otros delincuentes o con el Ejército.
Hugo, como lo llamaremos para protegerlo, se unió al cártel porque estaba deslumbrado con el lujo, los carros, la fiesta, las mujeres y la vida que su familia no podía darle.
Él decidió, era su sueño y formó parte de los miles de menores de edad reclutados por el narco. “Siempre desde chavalo quise ser alguien así, un sicario como quien dice, siempre pensaba y veía películas y decía ‘yo de grande voy a ser un sicario’”, dice mientras le miro esos ojos que parecieran incapaces de asesinar.
Hugo se metió en esos malos pasos por su propio pie, pero fue testigo del reclutamiento forzado del que son víctimas otros menores de edad en el país. “Iban y los levantaban: ‘¿sabes qué? Vas a jalar con nosotros o te matamos’. Y pues ya tenían que trabajar, no les quedaba de otra”.
El crimen organizado los recluta, los manda a las caravanas a deshacer retenes, al frente en los enfrentamientos o a cometer algunos delitos por los que a los jefes les darían penas mucho mayores.
“Ellos reclutan a más menores de edad porque son los que salen más rápido (de los centros de reclusión para adolescentes) y los vuelven otra vez a meter a trabajar”, cuenta Hugo.
Los cárteles pagan los abogados de los menores de edad y le dan dinero a las familias para obligar a los jóvenes a seguir en las filas del narcotráfico. A Hugo lo detuvieron por posesión de unas maletas con mariguana y lo ingresaron a un Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores en Chihuahua.
A Hugo el cártel le ofreció abogados, pero su madre había guardado todo el dinero que él le entregaba.
“Ella sabía que tarde o temprano me iban a detener y lo necesitaría para liberarme, por eso no gastó nada de los 200 mil pesos que le dí”, cuenta el joven a quien el juez sentenció por posesión de mariguana.
“Yo hice amigos adentro y muchos me decían ya saliendo: ‘pues yo a lo mismo porque estoy influictado con esa organización y ya no puedo salir porque me están ayudando aquí adentro, ellos me patrocinaron abogados y todo, ellos están ayudando a mi familia y saliendo tengo que hacer otra vez a lo mismo’”.
A los que se niegan a seguir los amenazan. “Tenemos catalogada a tu familia, tú sabes te metes o va tu familia”, recuerda Hugo que les decían a algunos para forzarlos a seguir en la vida delictiva.
FÁCILES DE ENGANCHAR
Los criminales aprovechan que los jueces no pueden imponer cárcel a los niños de 14 años y hasta antes de los 18 años las penas máximas por delitos graves, como extorsión agravada, contra la salud, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, homicidio doloso, violación sexual o robo con violencia son de 5 años máximo.
“Creo que hay una línea muy delgada entre el reclutamiento forzado y el voluntario. Si juegas con el hambre, si juegas con la necesidad y juegas con los lujos, los jóvenes son muy fáciles de enganchar”, dice Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización no gubernamental Reinserta, que trabaja con jóvenes que han cometido delitos.
Niño de Rivera ha podido escuchar de primera mano testimonios de jóvenes que han sido llevados por Los Zetas, los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo a entrenar a la sierra a universidades para ser sicarios a través de la desensibilización paulatina.
Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018 del INEGI contabilizan que en el país hay 5 mil 888 adolescentes procesados y sentenciados. Precisa que de esos jóvenes, mil 216 enfrentan proceso legal o ya purgan condena por delitos relacionados con el narco, como posesión simple de narcóticos, posesión de drogas con fines de comercio o narcomenudeo.
De aprobarse una Ley de Amnistía, como plantea la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 2 mil adolescentes acusados de delitos federales podrían salir de prisión si se les reconoce como víctimas de reclutamiento forzado.
