Para el excoordinador nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura, Antonio Hernández Brito, la actual administración está violentando los derechos laborales al despedir a gente en diversas áreas del INBA y del INAH.
El secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia de éste, Joel Santos, no ve voluntad de la secretaria Alejandra Frausto.
El gobierno da preferencia a los empresarios, dice, pues el presidente no se ha reunido con ningún sindicato.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Lejos de hallar solución, los problemas generados por el despido de trabajadores del sector cultural y la incertidumbre a la cual están sometidos los contratados por honorarios y en el capítulo 3000, existe el temor de que a mediados de este 2019 haya un nuevo recorte de personal.
Ello podría desencadenar una serie de demandas, y su costo sería mayor que el ahorro pretendido por el actual gobierno.
Entrevistados por separado por Proceso, Antonio Hernández Brito, excoordinador nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura (SC), y Joel Santos, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hablan de este complejo problema que se remonta prácticamente a la creación del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
El fundador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu), Eduardo Cruz Vázquez, advirtió en septiembre de 2014 en estas páginas (Proceso 1975) que la situación laboral se había convertido en una “bomba de tiempo”, pues había gente trabajando “incluso antes de la creación del Consejo” que llegaría a la edad de jubilación sin derecho a pensionarse:
“En este momento, el Conaculta está enfrentando ya diversos juicios en los cuales muchos trabajadores que durante veinte o veinticinco años han laborado y cobrado por honorarios, demandan ser reconocidos como trabajadores y, por lo tanto, tener acceso a una jubilación. Es un tema límite en el cual sólo una reforma cultural puede resolver el desorden acumulado en 25 años.”
Las condiciones empeoraron cuando a buena parte de los contratados por honorarios, asignados al llamado capítulo 1000, se les rescindió su contrato, y con la promesa de mejores sueldos se les empleó a través del capítulo 3000, que ni siquiera está en el rubro de recursos humanos sino en recursos materiales; laboran como prestadores de servicios, sin prestaciones sociales de ningún tipo, entre ellas el servicio médico.
Con una carrera en el área laboral que se origina en la ahora desaparecida Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, el Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la SC, Hernández Brito explica que en el gobierno federal hay trabajadores de base y de confianza, cuyos salarios deben garantizarse en el presupuesto anual.
En el gobierno de Vicente Fox se emitió un decreto para no crear nuevas plazas de base. Sin embargo, las necesidades de las dependencias gubernamentales obligaron a contratar por honorarios.
Cultura no fue la excepción. En los institutos INAH e INBA, cuenta, se creó incluso una estructura casi paralela pues el número de trabajadores de honorarios era similar al de base, y se les otorgó derecho al servicio médico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque no podían acumular antigüedad.
Sucedió que, cuando se les rescindía el contrato, acudían a los tribunales donde lograron que los juzgadores les reconocieran derechos como de base.
En varias ocasiones se sentenció: “reinstálalo y dale su plaza”. Añade que se empezó a generar una cultura de la demanda laboral, por lo cual las autoridades decidieron no registrarlos ante el ISSSTE “porque constituía elemento de prueba” de la relación laboral.
Es así como se cambió a buena parte de los trabajadores de honorarios, que eran de servicios profesionales, al capítulo 3000, y su situación laboral se hizo más precaria: quedaron fuera del amparo de la Ley Federal del Trabajo, se les negó el registro en el ISSSTE, sus contratos anuales no fueron de enero a diciembre –para evitar continuidad y no crear vínculos se les dan de marzo a noviembre aunque siguen trabajando diciembre, enero y febrero– y sus pagos se retrasaron, lo cual dio origen a los movimientos #YaPágameINBA y #YaPágameINAH, de los cuales se ha dado cuenta en la agencia apro.
Hace un año, a través de una carta enviada a dicha agencia, trabajadores del INBA denunciaron que ese tipo de contratación afectaba a curadores, investigadores, administradores, historiadores, museógrafos, educadores, artistas, restauradores, pedagogos, comunicólogos, diseñadores, periodistas, actores y gestores culturales, entre otros profesionistas. En el INAH son también ese tipo de trabajadores, más antropólogos, sociólogos, arqueólogos, arquitectos, entre otros investigadores.
Se deploró que, siendo los responsables de la investigación, salvaguarda y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación, recibieran ese trato.
