Le fecha se estableció a pesar de que el Consejo Consultivo del Sistema Nacional Anticorrupción aplazó al 31 de diciembre, la fecha para cumplir con esta disposición.
Diputados federales y servidores públicos que laboran en San Lázaro harán públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés a partir del próximo 30 de abril.
Esto, a pesar de que el Consejo Consultivo del Sistema Nacional Anticorrupción aplazó, al 31 de diciembre, la fecha para cumplir con esta disposición.
La decisión fue avalada por todos los grupos parlamentarios.
“El 30 de abril vamos a cumplir. Nosotros vamos a respetar el plazo original y va a haber 3 de 3 de todos los servidores públicos de la Cámara, incluidos diputados”, indicó Ignacio Mier, presidente del Comité de Administración.
La Contraloría Interna detalló que ya se están elaborando los formatos para cumplir esta obligación, es decir, las plantillas para reportar ingresos y posesiones personales y del cónyuge; relaciones con empresas que podrían implicar conflictos de interés con la labor legislativa, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales.
“Tomamos esta decisión por una convicción con la transparencia y la rendición de cuentas. Esta legislatura se pronunció en favor de ello, desde que se constituyó. Es un acto de congruencia”, enfatizó Mier.
Una vez que la Contraloría defina los formatos para hacer público el 3 de 3 de los diputados, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá aprobarlos, lo mismo que la vía para difundirlos (la página de internet de la Cámara o alguna otra plataforma).
El pasado 21 de marzo, el Consejo Consultivo del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó aplazar hasta el 31 de diciembre la obligación de todos los servidores públicos, incluidos quienes laboran en el poder Legislativo y Judicial, en los gobiernos estatales y municipales, así como en los órganos autónomos, de hacer público su 3 de 3, es decir, sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.
La decisión se tomó luego de que instituciones de los tres órdenes de gobierno señalaron que los formatos aprobados imposibilitaban técnica y jurídicamente cumplir con la obligación el 30 de abril.
Por Nayeli Cortés y Elena Soto
