Con un recorte presupuestal del 14 por ciento aplicado este año a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno federal planea además, sustituirla por una Defensoría del Pueblo como encargada oficial de la protección de los derechos humanos, basado en el modelo que opera en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, por lo que expertos e integrantes de la institución alertan sobre el riesgo de suprimir a este organismo basado en un modelo, donde las dictaduras se hacen presentes.
▶ ContraRéplica tiene en su poder la iniciativa que alista el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para modificar el artículo 102, apartado B de la Constitución Política y encaminar a la desaparición de la CNDH que este año opera con reducciones que afectan el desarrollo de 23 de los 24 programas que lleva a cabo.
El Gobierno federal asegura que es necesaria la evolución de la comisión a Defensoría del Pueblo derivado de que, si bien es un referente, tiene debilidades como su dependencia histórica al Poder Ejecutivo, carácter no vinculatorio, y la inexistencia de una autonomía. Entre las características que propone es que contará con todas las representaciones en las 32 entidades federativas; promoverá recomendaciones públicas vinculatorias. El titular, así como integrantes del consejo consultivo se ajustarán a una encuesta pública que deberá ser trasparente y apegada a la ley.
En entrevista para ContraRéplica, Luis Germán Florido Barreto, el miembro fundador del partido voluntad popular y diputado a la asamblea nacional en Venezuela, aseguró que la Defensoría del Pueblo instaurado en su país no ha funcionado, y es “muy malo ya que ha defendido más al gobierno que al pueblo”.
Agregó que la propuesta “es buena iniciativa siempre y cuando no esté politizada, cuando es así, se complica, termina no siendo eficiente. Si es del partido gobernante, en cualquier momento lo que hace es solo defender a través de la visión del gobierno, por eso hay que colocar reglamentos muy claros para que el que acceda sea un verdadero defensor”.
Para Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del programa universitario de derechos humanos de la UNAM, y fundador de la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México, es un golpe más contra la democracia, ya que la actual CNDH ha demostrado profesionalismo, autonomía y eficacia en su labor, “no hay ninguna razón para sustituirla por instituciones que, de acuerdo con lo que hemos visto, pueden ser que no cumplan con esos requisitos”.
Mientras que para la profesora del Inacipe e integrante del consejo consultivo de la CNDH, Olga Noriega Sáenz sustituir a la comisión, será un grave retroceso. “Hemos logrado grandes avances desde 1999 que ya es autónoma; es una institución que está funcionando muy bien, y lo que se necesitan son contrapesos, que son saludables.
Es decir, ayudan a la creación de un Estado democrático de derecho”.
En tanto, Emilio Álvarez Icaza, quien fue presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el entonces Distrito Federal, hoy senador independiente, puntualizó que el tema a discusión no es el nombre, sino las condiciones de trabajo, “si cambia la comisión por solo cambiar, no sirve de nada, sino lo importante es que cumplan”.
