Hay desvíos millonarios en los 27 estados apoyados con el fondo de 2014 a 2017, revelan datos de la Sedatu. El artículo 271 de la legislación señala que el Fondo deberá emplearse en inversión física con impacto social ambiental y de desarrollo urbano.
Las cuentas de los 27 estados beneficiados con el Fondo Minero presentaron irregularidades en el uso de los recursos otorgados de 2014 a 2017, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encargada de coordinar su aplicación.
Todas presentan desfases entre el dinero recibido y las obras realizadas, de acuerdo con el esquema marcado en la Ley Federal de Derechos.
Las inconsistencias, conforme a un análisis elaborado por Crónica con base en los registros de Sedatu, rondan los mil 500 millones de pesos.
Esta cantidad representa cerca del 15 por ciento del capital destinado a entidades y municipios. Sin embargo, en diversos estados el presupuesto “perdido” es mayor al 50 por ciento.
Por ejemplo, en estos años se transfirieron a Nuevo León 24 millones 329 mil pesos y sólo se entregaron constancias de obras por 3 millones 637 mil pesos, es decir, un faltante del 85 por ciento; mismo caso el de Nayarit, al cual se le dieron 10 millones 384 mil pesos, y sólo se comprobaron inversiones por 1 millón 587 mil pesos.
Algunos casos más con notorios desvíos son: Guanajuato, donde no se aplicó el 66 por ciento de los fondos, Baja California (63.4%), Puebla (61%), Yucatán (57.5%), Veracruz (55%), Hidalgo (45%), Jalisco y Colima (ambos con el 44%).
En otros gobiernos, por el monto asignado, el desfalco es mayor: en Zacatecas se extraviaron, según la información disponible en la Secretaría, alrededor de 267 millones de pesos, el 12 por ciento de los más de 2 mil 288 millones recibidos; en Chihuahua fueron 264 millones, el 21 por ciento de sus percepciones; y, en Sonora, 120 millones de pesos, el 4 por ciento de su total.
Tan sólo en estos tres estados, las anomalías suman más de 650 millones de pesos.
Los números de 2018 no se consideraron, pues aún se encuentra pendiente el listado de obras aprobadas y ejecutadas ese año.
RESPONSABLES. En diciembre de 2013 se adicionaron a la Ley Federal de Derechos los artículos 268, 269 y 270, a través de los cuales se crearon los impuestos especial, adicional y extraordinario, aplicables a las empresas dedicadas al rubro de minería. En la misma norma, se prevé la integración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, integrado con el 80 por ciento del dinero pagado por esos derechos.
El Fondo, de acuerdo con el artículo 271 de la legislación (así como reglas de operación y otros acuerdos publicados en el Diario Oficial), deberá emplearse en inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano como centros escolares, espacios públicos, pavimentación, mantenimiento de calles o caminos locales y alumbrado público; obras de infraestructura para la protección ambiental: rellenos sanitarios, drenaje, plantas de tratamiento de agua o de manejo de residuos sólidos, suministro de agua potable, instrumentos de medición de la calidad del aire, agua y suelo; obras para preservar áreas naturales y de movilidad, como trenes suburbanos y metrocable.
Seis de cada 10 pesos son para los municipios, y los cuatro restantes, para los estados.
El importe a recibir por cada uno de los gobiernos, se determina “con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación correspondiente, respecto del valor total en el territorio nacional”, de acuerdo con el registro estadístico de producción minera elaborado cada año por la Secretaría de Economía (SE).
Para la aplicación de los recursos, se conformó en las entidades participantes un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, integrado por los siguientes representantes: uno federal (y en específico de la Sedatu, quien estará al frente del Comité), otro estatal y otros por cada municipio donde se desarrollen actividades del ramo, por cada empresa minera con participación relevante en la zona y por cada comunidad indígena o agraria involucrada.
“Si se hace una auditoría técnico-administrativa de lo que ha bajado a las comunidades afectadas por la actividad minera ha sido muy poco, porque se queda en las instancias gubernamentales y es desviado para otras cosas”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En muchos casos, la gente que vive donde se lleva a cabo la explotación, ni siquiera sabe que le corresponde un apoyo. El 75 u 80 por ciento de las poblaciones no lo sabe, porque esto no se decía, se quedaba arriba. Lo sabían los gobernadores y los presidentes municipales, pero no informaban”.
CONTROVERSIA. El actual gobierno federal bosqueja ya nuevas reglas de operación del Fondo, en las cuales autoridades locales son excluidas del manejo.
“La posición federal es ejercerlo de manera directa, sin intermediarios, para que llegue a la gente. Antes, las obras se decidían en un comité con representación de los tres ámbitos de gobierno y las compañías mineras, pero ahora los proyectos a respaldar los decidirá el gobierno federal”, según sostuvo Francisco Quiroga, subsecretario de Minería en la SE.
En 2014 se lograron reunir 2 mil 91 millones de pesos, en 2015 fueron 2 mil 192, en 2016 hubo 3 mil 339, en 2017 la cantidad de 3 mil 739 y en 2018 se dispersaron 3 mil 705 millones de pesos. Para 2019 se contemplan 3 mil 600…
La decisión de cambiar el esquema y concentrar el control en la Federación ha derivado en protestas de diferentes gobiernos estatales, en especial el de Chihuahua, cuyo titular: Javier Corral, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue admitida a finales de marzo.
